30 asegurar que todas las personas acusadas de un delito, cuya sanción sea la pena de muerte obligatoria, sean debidamente informadas al inicio del procedimiento penal en su contra del derecho que la normativa en Barbados les reconoce en cuanto a obtener una evaluación psiquiátrica por parte de un psiquiatra empleado por el Estado. B(iii) Dejar sin efecto la pena de muerte 106. La Comisión solicitó que la Corte ordene al Estado conmutar la pena de muerte impuesta al señor DaCosta Cadogan. Argumentó que el señor DaCosta Cadogan “no tendrá certeza legal de que no será ejecutado a menos y hasta que su sentencia haya sido formalmente conmutada”. 107. Los representantes inicialmente solicitaron “[que] se ordene al Estado de Barbados que conmute la sentencia de pena de muerte, y la sustituya por una sentencia de cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional”. De manera alternativa, los representantes solicitaron posteriormente que se le otorgue a la víctima “una audiencia para la determinación de la pena, en la cual un juez determine la pena justa y apropiada, después de escuchar los alegatos orales de la […] víctima”. Alegaron que si la pena de muerte impuesta al señor DaCosta Cadogan es sustituida automáticamente por una pena de cadena perpetua, sin la posibilidad de solicitar libertad condicional, éste se verá sujeto a una violación de sus derechos convencionales y constitucionales una vez más, dado que dicha sentencia “no permitiría distinción alguna entre distintos delitos de homicidio[…], [consideración de las] circunstancias particulares del individuo, [ni] la posibilidad de solicitar una pena menor”. Adicionalmente, los representantes observaron que es “práctica usual” en Barbados sustituir una pena de cadena perpetua cuando “ha sido determinado por los tribunales locales que los derechos constitucionales de un prisionero condenado han sido violados con relación a la imposición o aplicación de la pena de muerte”. Sin embargo, “según las leyes de Barbados, una sentencia de cadena perpetua no significa en la práctica que el prisionero efectivamente o […] necesariamente pasará el resto de su vida en prisión. Éste tendrá el derecho, según el Reglamento Penitenciario, a revisiones periódicas de su detención para determinar si reúne los requisitos para ser puesto en libertad”. “El poder Ejecutivo, no el Judicial, realiza dicha determinación”. Los representantes argumentaron, además, que la conmutación de la pena de muerte por medio del Comité de Clemencia “no le brindaría a la presunta víctima una determinación judicial de su pena”, y por lo tanto no sería una medida de reparación adecuada. Sin embargo, los representantes argumentaron que, si la Corte no acepta esta solicitud, “al menos se le debe dar a la presunta víctima el derecho de presentar sus alegatos” ante el Comité de Clemencia. 108. Sobre este punto, el Estado indicó que entregará la siguiente información al Gobernador General de Barbados, con el fin de que pueda considerar el ejercicio de la prerrogativa de clemencia: (1) la sentencia de la Corte en el caso de Boyce y otros Vs. Barbados; (2) el Informe de Fondo de la Comisión (Informe No. 60/08), y (3) el “Informe de Barbados sobre Medidas Adoptadas para cumplir con [la] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Boyce y otros Vs. Barbados, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 169, Sentencia de 20 de noviembre de 2007 y sus anexos”. Según el Estado, “la conmutación de la pena de muerte es una forma apropiada y suficiente de reparación”. Por lo tanto, reparaciones adicionales “son innecesarias e inapropiadas en el presente caso”. Indicó también que el Consejo Privado de Barbados, aún no se ha reunido para considerar el caso de DaCosta Cadogan, porque, según la decisión de la Corte de Justicia del Caribe en el caso del Fiscal General y otros Vs. Jeffrey Joseph y Lennox Ricardo Boyce, debe evitar hacerlo hasta que todos los procesos legales del solicitante, incluyendo las peticiones internacionales, hayan concluido88. Además, el Estado solicitó a la Corte “rechazar 88 La CCJ indicó en el caso de Fiscal General y otros Vs. Jeffrey Joseph y Lennox Ricardo Boyce que “recomendaría que el [Consejo Privado de Barbados] se reuniera solo una vez y que lo hiciera al final de todos