2 Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CISDFP) el 13 de febrero de 2002. Aunque la detención de Jeremías Osorio Rivera tuvo lugar el 28 de abril de 1991, la jurisprudencia del sistema interamericano ha establecido que los efectos de una desaparición forzada tienen un carácter continuado, por lo cual las obligaciones contenidas en la CISDFP subsisten hasta tanto se determine el paradero de la víctima, se sancione y repare los hechos. La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco y al Secretario Ejecutivo de la CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Tatiana Gos y Daniel Cerqueira, abogados de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesores legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe 140/11 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe 140/11 (Anexos). La Comisión adoptó el Informe de Fondo Nº 140/11 el 31 de octubre de 2011 y lo transmitió al Estado el 10 de noviembre de 2011, otorgándole un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones respectivas. El 11 de enero de 2012, el Estado presentó su primer informe de cumplimiento. El 10 de febrero de 2012, el Estado solicitó la concesión de una prórroga por un plazo de 2 meses y renunció a la interposición de excepciones preliminares en relación con ese plazo. Ese mismo día, la Comisión notificó al Estado la concesión de la prórroga solicitada. El 21 de marzo de 2012, el Estado presentó su segundo informe de cumplimiento y solicitó la concesión de una prórroga por el plazo de 2 meses y renunció a la interposición de excepciones preliminares, a fin de contar con más tiempo para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión. El 10 de abril, la Comisión notificó al Estado la concesión de la prórroga solicitada. El 24 de mayo de 2012, el Estado remitió su tercer informe de cumplimiento y solicitó la concesión de una tercera prórroga por un plazo de 3 meses. Sin embargo, dado que la información presentada por el Estado en esas tres oportunidades no revela avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas, y tomando en consideración la posición de los peticionarios respecto del envío del caso, la Comisión decidió no hacer lugar a la prórroga solicitada y someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. En particular, en cuanto a las recomendaciones 1 y 2, relacionadas con la determinación del paradero de la víctima, y la investigación y sanción de los responsables por su desaparición forzada, la Comisión observa que el Estado se limitó a informar que “en la actualidad se viene realizando en sede interna el proceso penal contra el acusado Juan Carlos Cesar Tello Delgado por el delito contra la Humanidad – Desaparición Forzada en agravio de Jeremías Osorio Rivera. Este proceso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia y tal hecho es de conocimiento de la CIDH”. Por su parte, los peticionarios informaron que se “admitió el recurso de nulidad en el proceso seguido a Juan Carlos Tello Delgado, encontrándose pendiente la fundamentación del recurso dentro del plazo de ley correspondiente, luego de la cual el expediente será elevado a la Corte Suprema de Justicia”. La Comisión advierte que, a la fecha, no se cuenta con información sobre el resultado del recurso de nulidad interpuesto y que, además, Perú no aclaró cuánto tiempo podría durar el proceso penal actualmente en curso contra el único militar imputado, Juan Carlos Tello Delgado, ni indicó qué medidas adicionales viene adoptando para investigar a todos los responsables por la desaparición forzada de la víctima. El Estado tampoco informó sobre diligencias emprendidas para determinar el paradero de la víctima. Con respecto a la recomendación 3, vinculada con la reparación a los familiares de la víctima, la Comisión nota que el Estado describió los procedimientos y mecanismos de reparaciones colectivas e individuales previstos en el Plan Nacional de Reparaciones. Manifestó que la Ley 28592

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