I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El caso sometido a la Corte. – El 15 de septiembre de 2017 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la
jurisdicción de la Corte el caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) contra la República del Perú (en adelante
“el Estado peruano”, “el Estado” o “Perú”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se
relaciona con la vulneración del derecho a la protección judicial por la falta de cumplimiento de
una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, de 25 de octubre de 1993, que reconocía
derechos pensionarios a la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (en adelante “ANCEJUB-SUNAT”). La Comisión consideró
que el Poder Judicial peruano no ha aplicado las medidas necesarias para la implementación de
un fallo judicial favorable a un grupo de pensionistas. La Comisión agregó que el lapso de más de
23 años sin que se ejecute la sentencia de la Corte Suprema de octubre de 1993 sobrepasa un
plazo que pueda considerarse razonable. Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado violó el
derecho a la propiedad de las presuntas víctimas puesto que estas no pudieron gozar
integralmente de los efectos patrimoniales de su pensión conforme a lo establecido por la
sentencia de 25 de octubre de 1993.
2.

Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:
a) Petición. – El 11 de noviembre de 1998, el 27 de agosto de 2003 y el 8 de octubre de
2004 se presentaron tres peticiones ante la Comisión a favor de 703 personas.
b) Informe de Admisibilidad. – El 19 de marzo de 2009 la Comisión aprobó el Informe de
Admisibilidad No. 21/09 1.
c) Informe de Fondo. – El 23 de mayo de 2017 la Comisión aprobó el Informe de Fondo
No. 41/17, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también “el
Informe de Fondo” o “el Informe No. 41/17”), en el cual llegó a una serie de conclusiones
y formuló varias recomendaciones al Estado.
d) Notificación al Estado. – El 15 de junio de 2017 fue notificado al Estado el Informe No.
41/17, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones.
e) Informes sobre las recomendaciones de la Comisión. – El Estado presentó un informe
mediante el cual señaló que no incurrió en las violaciones establecidas en el Informe No.
41/17.
f) Sometimiento a la Corte. – El 15 de septiembre de 2017 la Comisión sometió a la
jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de
derechos humanos descritos en el Informe de Fondo 2.

3.
Solicitudes de la Comisión Interamericana. – La Comisión solicitó a este Tribunal que
concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en el
Informe de Fondo y que ordene a Perú, como medidas de reparación, las recomendaciones
incluidas en el mismo (supra párr. 2.c).
1

El informe fue notificado a las partes el 1 de abril de 2009.

2
La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al Comisionado Paulo Vannuchi y al Secretario Ejecutivo
Paulo Abrâo. Asimismo, indicó que Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano Guzmán y Erick
Acuña Pereda, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesor legales.

4

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