En relación con el tercer requisito del test -- estricta necesidad y proporcionalidad de la restricción -la Comisión consideró que, al haberse publicado una información errónea sin que ello haya significado un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, la medida menos lesiva y proporcional que correspondía ordenar de acuerdo a los estándares interamericanos, era una orden de rectificación completa de la información que afectaba al querellante. De acuerdo a la Comisión, los periodistas difundieron información errónea sin tener pleno conocimiento de que estaban difundiendo información falsa, y no actuaron con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad de las noticias. Ello, debido al contexto general de la noticia publicada; a la naturaleza y seriedad de la fuente consultada para comprobar la información; al hecho de que la propia fuente reconoció en el juicio que la información que transmitió a los periodistas contenía errores; a que los periodistas intentaron comunicarse con el funcionario policial involucrado para conocer su versión; así como a la disposición que mostraron al rectificar de forma voluntaria parte de la información errónea. Esto es, de acuerdo con las circunstancias del presente caso, los periodistas actuaron de buena fe y con la diligencia razonable en la búsqueda de información. La Comisión concluyó que el Estado no demostró el cumplimiento del requisito de necesidad de la medida impuesta debido a que los periodistas tuvieron a su disposición esta serie de elementos y confirmaciones que los llevaron, en forma razonable, a considerar que sus afirmaciones no se encontraban desprovistas de fundamento y veracidad. El Estado de Costa Rica depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de abril de 1970 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 2 de julio de 1980. La Comisión ha designado a la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, al Relator Especial Edison Lanza y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como su delegada y delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Cecilia La Hoz, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras y asesor legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo No. 148/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 148/19 (Anexos). Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 5 de diciembre de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de una primera prórroga de dos meses y una segunda prórroga de tres meses, el Estado no informó a la CIDH sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones ni solicitó una nueva prórroga. Con base en ello, y teniendo en cuenta la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 13 (libertad de pensamiento y expresión) y 9 (principio de legalidad y retroactividad) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de dicho instrumento, en perjuicio de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves. En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Dejar sin efecto la sanción civil impuesta a los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves. 2. Adecuar el régimen de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión respecto de casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública, o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, de conformidad con los estándares interamericanos. En particular, establecer que las 2

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