En relación con el tercer requisito del test -- estricta necesidad y proporcionalidad de la restricción -la Comisión consideró que, al haberse publicado una información errónea sin que ello haya significado un
ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, la medida menos lesiva y proporcional que
correspondía ordenar de acuerdo a los estándares interamericanos, era una orden de rectificación completa de
la información que afectaba al querellante. De acuerdo a la Comisión, los periodistas difundieron información
errónea sin tener pleno conocimiento de que estaban difundiendo información falsa, y no actuaron con
manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad de las noticias. Ello, debido al contexto general de la noticia
publicada; a la naturaleza y seriedad de la fuente consultada para comprobar la información; al hecho de que
la propia fuente reconoció en el juicio que la información que transmitió a los periodistas contenía errores; a
que los periodistas intentaron comunicarse con el funcionario policial involucrado para conocer su versión; así
como a la disposición que mostraron al rectificar de forma voluntaria parte de la información errónea. Esto es,
de acuerdo con las circunstancias del presente caso, los periodistas actuaron de buena fe y con la diligencia
razonable en la búsqueda de información. La Comisión concluyó que el Estado no demostró el cumplimiento del
requisito de necesidad de la medida impuesta debido a que los periodistas tuvieron a su disposición esta serie
de elementos y confirmaciones que los llevaron, en forma razonable, a considerar que sus afirmaciones no se
encontraban desprovistas de fundamento y veracidad.
El Estado de Costa Rica depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos el 8 de abril de 1970 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 2 de julio de 1980.
La Comisión ha designado a la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, al Relator Especial Edison Lanza y
al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como su delegada y delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera,
Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Cecilia La Hoz, especialistas de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras y asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo No. 148/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 148/19 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 5 de diciembre de 2019, otorgándole un plazo de
dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la
CIDH de una primera prórroga de dos meses y una segunda prórroga de tres meses, el Estado no informó a la
CIDH sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones ni solicitó una nueva prórroga. Con base en
ello, y teniendo en cuenta la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas, la Comisión
decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de
Ecuador es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 13 (libertad de
pensamiento y expresión) y 9 (principio de legalidad y retroactividad) de la Convención Americana, en relación
con los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho
interno) de dicho instrumento, en perjuicio de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas
de reparación:
1. Dejar sin efecto la sanción civil impuesta a los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy
Parrales Chaves.
2. Adecuar el régimen de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión
respecto de casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública, o
particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, de
conformidad con los estándares interamericanos. En particular, establecer que las
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