6.
En este sentido, voté por rechazar la excepción planteada, por considerar que
los argumentos expresados por la Corte IDH en el caso Acevedo Buendía y Otros
(“Cesantes Y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú1 resultaban trasladables a la
posición que se sostiene en este caso. En particular, comparto los presupuestos allí
esgrimidos en cuanto a que: (1) la Corte “tiene el poder inherente a sus atribuciones
de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence)”;
(2) cuando un Estado reconoce la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria
establecida en el artículo 62.1 de la Convención, ello conlleva la admisión estatal de
la potestad de la Corte de resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción;
(3) la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todos los artículos y disposiciones de
la Convención, abarcando por tanto el artículo 26 de la misma; (4) si un Estado es
Parte de la Convención Americana y ha reconocido la competencia contenciosa de la
Corte, ésta es competente para decidir si el referido Estado ha incurrido en una
violación o incumplimiento de alguno de los derechos reconocidos en la Convención,
inclusive en lo concerniente al artículo 26 de la misma. Por lo tanto, coincido con lo
decidido en el entendido que el análisis de esta controversia, es decir, la
determinación de si el Estado es responsable por el incumplimiento del artículo 26 de
la Convención, corresponde ser abordado en el capítulo de fondo de la presente
Sentencia.
b) La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales: antecedentes, el debate en la Corte y las diferentes posiciones.
Mi posición.
7.
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales ha sido objeto de discusión tanto por la doctrina como en la Corte, y
existen tres posturas al respecto, tal como mencioné, entre otros, en mi voto
concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 del caso Asociación Nacional
De Cesantes Y Jubilados de la Superintendencia Nacional De Administración
Tributaria (Ancejub-Sunat) Vs. Perú2. La primera postura plantea que el análisis de
violaciones individuales a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
se debe realizar exclusivamente en su relación con los derechos reconocidos
expresamente por los artículos 3 al 25 de la Convención y con base en lo
expresamente permitido por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en
adelante “Protocolo de San Salvador”) en su artículo 19.63. Mientras que la segunda
visión sostiene que la Corte tiene competencia para conocer violaciones autónomas
a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con fundamento en el
artículo 26 de la Convención, entendiendo que serían justiciables de forma
individual4.
Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párrs. 16 y
17.
1
Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394.
2
Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. O el Caso Comunidad
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie
C No. 125. Por mencionar dos ejemplos, así como en el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C
No. 298.
3
Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 142 y 154; Caso Trabajadores Cesados de
Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de
noviembre de 2017. Serie C No. 344, párr. 192; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 220; Caso Poblete
Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No.
4
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