3 derechos a la vida e integridad personal de las personas que permanecen en las comunidades indígenas Miskitu de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi, respecto de las cuales se habría recrudecido la situación de riesgo entre 2015 y el presente año 2016, destacando inter alia, los siguientes hechos y alegatos: i) Se han presentado situaciones específicas de grave violencia presuntamente perpetrados por “colonos” que ya han ocurrido dentro de las comunidades donde se encuentran los pobladores propuestos como beneficiarios, a saber: a) en la Comunidad de Klisnak, asesinatos, amedrentamientos a las patrullas comunitarias que realizan los recorridos perimetrales, el secuestro y violación sexual de una pobladora, así como el desplazamiento de la mayoría de los miembros de la comunidad; b) en la Comunidad de Wisconsin, una emboscada a un poblador por 10 “colonos” y su posterior asesinato, enfrentamientos con “colonos” con el resultado de pobladores heridos, incendio de viviendas, destrucción de alimentos, robo de animales y ataques a la patrulla comunitaria que realiza la vigilancia perimetral; c) en la Comunidad de Wiwinak, el asesinato de un poblador por “colonos”, el secuestro de 7 miembros de la comunidad por siete días y la presunta violación sexual de dos pobladoras; d) en la Comunidad de San Jerónimo, el asesinato de un agricultor y ataques contra la patrulla comunitaria de vigilancia, quema de parcelas enteras, talado desmedido de bosques y amedrentamientos para realizar el cuidado de sus parcelas; y e) en la Comunidad de Francia Sirpi, el secuestro del “anciano comunal”, la quema de la casa del líder local, ataques armados en los que han resultado heridos diversos pobladores, disparos indiscriminados contra las viviendas de los pobladores y una carta con un ultimátum para entregar sus territorios. ii) La amplia capacidad de actuación de los terceros o “colonos”, acreditada en la posesión de armas de fuego, movilidad en la zona y la frecuencia de los ataques sin que se cuente con información alguna sobre medidas estatales para contrarrestar la actuación de dichas personas. La ausencia de medidas no sólo se limita a la falta de respuesta oportuna frente a cada uno de los hechos individualmente considerados, sino que refleja una aparente total indiferencia frente al riesgo continuo derivado de la situación de violencia estructural de la zona. En efecto, la información disponible indica que el Estado no ha realizado un diagnóstico serio sobre el conflicto territorial que tiene lugar en este espacio geográfico claramente delimitado y con actores también claramente identificados. iii) La destrucción de viviendas, cultivos, cosechas y el robo de ganado por la actuación de “colonos”, situación que sumada al efecto amedrentador de las agresiones y ataques, han generado temor de los pobladores de cuidar sus parcelas o de realizar actividades de caza. Todo ello, ha alterado la forma natural de vida de las comunidades, afectando sus condiciones culturales, económicas y sociales, colocando a las comunidades en una situación de inminente emergencia de seguridad alimentaria, lo que se constituye en un factor agravante del riesgo a la vida y a la integridad personal de los propuestos beneficiarios. iv) El riesgo de desplazamiento forzado y consecuente riesgo de abandono de los territorios que reivindican como su propiedad ancestral, el cual ya se ha materializado en otras comunidades ante los hechos de violencia similares. Esta situación podría tener por consecuencia, en un período breve de tiempo, el completo abandono de los territorios, incrementando su situación de vulnerabilidad.