de prueba e impulsando la investigación de hechos relevantes a la determinación de su
responsabilidad. Asimismo, observaron que las autoridades que conocieron del proceso desde su
inicio mantuvieron a las presuntas víctimas en una situación de privación ilegal y arbitraria de la
libertad por más de 17 años, a pesar de que tal medida debía ser excepcional. Arguyeron,
asimismo, que el juez de la causa no adoptó medidas que contribuyeran a evitar la dilación
excesiva del procedimiento. Por último, mencionaron que la afectación generada en la esfera
jurídica de las víctimas del presente caso ha sido desproporcionada al encontrarse sujetos a un
procedimiento penal sin condena o absolución por más de 17 años, habiendo sido sujetos a prisión
preventiva durante prácticamente todo este lapso y actualmente estando bajo otras medidas
cautelares.
239. El Estado indicó que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, la satisfacción plena
de los requerimientos de justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable. En este sentido
“la duración del procedimiento se ha debido al respeto y garantía del derecho a la defensa y la
verdad de las presuntas víctimas” agregó que “derivado de lo anterior, y una vez que se haya
decretado el cierre de la etapa de instrucción de la causa penal 236/2012, el Estado se compromete
en un breve plazo a resolver el caso”.
B. Consideraciones de la Corte
240. A continuación, esta Corte analizará las alegadas violaciones a las garantías judiciales y a
la protección judicial, así como a los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST en el siguiente orden: a) la regla
de la exclusión de los elementos probatorios obtenidos bajo coacción (artículo 8.3 de la Convención
Americana), b) el derecho a la defensa (artículo 8.2.d, e y f de la Convención Americana), c) el
derecho a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención Americana), d) el principio del
plazo razonable del proceso (artículo 8.1 de la Convención Americana), y e) conclusión.
B.1. La regla de la exclusión de los elementos probatorios obtenidos bajo coacción (artículo
8.3 de la Convención Americana)
241. En el presente caso se alega que Daniel García y Reyes Alpízar declararon ante la PGJEM
durante el tiempo en que se ha determinado que fueron sometidos a presiones y maltratos con la
finalidad de obtener su confesión, y que la denuncia sobre esos abusos fue interpuesta por cada
uno de ellos al momento de ser puestos a disposición judicial, y posteriormente a través de
diversos recursos presentados (supra párrs. 88 a 113). Indicaron que esas declaraciones referidas
no solo no fueron excluidas del proceso penal, sino que fueron utilizadas como el elemento de
convicción central para sustentar los autos formales de prisión en su contra y se encontraban
presentes en el expediente como elementos probatorios que inciden en la posible responsabilidad
y vinculación de las presuntas víctimas en el proceso (supra párrs. 227 y 228).
242. Con respecto a esos alegatos, esta Corte recuerda que el artículo 8.3 de la Convención
Americana establece que “[l]a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción
de ninguna naturaleza”. Sobre ese punto, este Tribunal ha considerado que “al comprobarse
cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la
persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso
judicial. Esta anulación es un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad
de coacción” 240. Por otra parte, las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser
veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la
tortura cesen. Por lo anterior, para la Corte, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o
confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero, constituye a
su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se
240
Cfr. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 193, y Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra, párr. 197.
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