circulación nacional (citando como fuente de información la PGJEM) y un informe gubernamental,
durante la investigación y tramitación del proceso penal en su contra y sin haber sido aún
condenados por sentencia firme, Daniel García y Reyes Alpízar fueron presentados por el Ministerio
Público como unos de los “responsables” del asesinato de la regidora. Asimismo, Daniel García y
su familia fueron expuestos como una red de criminales y espías políticos. Lo anterior generó una
opinión pública de culpabilidad, sin que su responsabilidad haya aún sido acreditada ni
determinada en el proceso penal. En virtud de todo lo anterior, estimaron que el Estado violó el
derecho a la presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana.
235. Los representantes alegaron que, además de haber violado el derecho a la presunción de
inocencia, las autoridades del Estado de México fueron construyendo la idea de culpabilidad en el
imaginario colectivo, impactando de forma directa en el derecho a la dignidad y honra, contenido
en el artículo 11 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas y de sus
entornos familiares cercanos.
236. El Estado alegó que “la supuesta campaña mediática está sustentada en evidencia
fuertemente cuestionable” pues se trata de documentos electrónicos que no solamente carecen
de identificación oficial o de la imagen institucional de las instituciones de justicia del Estado de
México, sino que además ofrecen información inexacta. Por otra parte, indicó que las notas
periodísticas publicadas por diversos medios durante el desarrollo de la investigación no
corresponden al Estado sino únicamente al medio que las publica 238. Agregó que se menciona un
informe gubernamental de manera genérica, sin proporcionar datos que permitan la identificación
del documento, así como el sentido de los supuestos dichos que habrían afectado a las presuntas
víctimas 239. Por lo anterior, el Estado concluyó que no había sustento alguno que permita declarar
la responsabilidad del Estado por la violación a la presunción de inocencia de las presuntas víctimas
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar.
A.4. El principio del plazo razonable (artículo 8.1 de la Convención Americana)
237. La Comisión y los representantes estimaron que el Estado no ha cumplido con su
obligación de juzgar a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz dentro de un plazo razonable
en violación del artículo 8.1 de la Convención. Se refirieron a la irrazonable extensión del proceso
penal seguido contra García Rodríguez y Reyes Alpízar y, de manera particular, por la duración
injustificada del encarcelamiento preventivo al que ambos fueron sujetos. Recordaron que, a la
fecha, el proceso penal contra ambos aún permanece abierto, habiéndose dictado sentencia
condenatoria de primera instancia el 12 de mayo de 2022, luego de que transcurrieran dos décadas
desde su inicio.
238. En cuanto a los elementos a través de los cuales se determina la razonabilidad del plazo de
los procedimientos, sostuvieron en particular que, si bien la investigación trata sobre el homicidio
de una figura política, no se desprende del expediente que tuviera especial complejidad respecto
de las acusaciones realizadas en contra de las presuntas víctimas. Agregaron que las presuntas
víctimas han contribuido activamente al proceso, aportando y solicitando la inclusión de medios
238
Agregó que las notas periodísticas referidas abarcan una multitud de eventos relacionados con el asesinato de la
regidora, y con los procedimientos y diligencias realizadas en seguimiento a éste, es decir, que las notas obedecían a la
labor de informar sobre el caso, y no estaban encaminadas a generar una determinada imagen sobre Daniel García
Rodríguez ni Reyes Alpízar Ortiz. Agregó que se trata de un caso de interés público al involucrar el asesinato de una
funcionaria pública, por lo que no debe resultar sorprendente que la prensa nacional haya buscado dar una cobertura
amplia a los hechos. La cobertura otorgada al caso no puede considerarse como responsabilidad del Estado mexicano por
el simple hecho de que fue realizada por entidades separadas de éste, que no actuaban bajo su dirección, control, apoyo,
ni en su representación.
239
En cuanto al informe de gobierno del entonces gobernador del Estado de México, insistió que el mismo no se
presume la culpabilidad de los detenidos ni se les hace objeto de algún calificativo más allá de su condición como
procesados. En ese sentido, la cita no puede ser utilizada para confirmar la existencia de una campaña mediática con otro
sentido que el de informar sobre un caso de notorio interés para la comunidad.
-63-
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents