B.2. El derecho a la defensa (artículo 8.2.d, e y f de la Convención Americana)
246. La Corte ha afirmado que los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan que el inculpado
tiene derecho de defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor de su elección y que
si no lo hiciere tiene el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna. En estos términos, un inculpado puede
defenderse personalmente, aunque es necesario entender que esto es válido solamente si la
legislación interna se lo permite. Es así como la Convención garantiza el derecho de asistencia
legal en procedimientos penales 245. Asimismo, la Corte ha indicado que la defensa suministrada
por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas.
Esta Corte ha señalado que el investigado debe tener acceso a la defensa técnica en la diligencia
en la que se recibe su primera declaración. Impedir a este contar con la asistencia de su abogada
o abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio
procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo 246.
247. La Corte ha considerado que nombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir
con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante
que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del
acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza.
A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el
Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito de ser asistido por un
defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas
con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado
debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensores idóneos y
capacitados que puedan actuar con autonomía funcional 247.
248. El inciso f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la “garantía mínima” del “derecho de
la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, la cual
materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. La Corte ha señalado que, entre
las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados, está la de examinar los testigos en su
contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa 248.
249. En el presente caso se alega una afectación al derecho de defensa por los siguientes
motivos: a) Daniel García no contó con asistencia legal desde su detención, durante todo el tiempo
en que estuvo arraigado y al momento de prestar declaraciones ante el Ministerio Público; b) el
defensor público asignado a Reyes Alpízar se encontraba “adscrito al órgano investigador”; c) el
Estado no ha acreditado que el defensor de Reyes Alpízar lo hubiese asesorado debidamente sobre
su situación jurídica, o bien, emprendido desde ese momento actos tendientes a su defensa, como
lo era el cuestionamiento de la legalidad o arbitrariedad de la detención, y d) en su primera
245
Cfr. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 25, y Caso López
y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2019.
Serie C No. 396, párr. 202.
246
Cfr. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, supra, párr. 62; Caso Rosadio Villavicencio vs. Perú. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 388, párr. 143, y Caso Dial
y otro Vs. Trinidad y Tobago, supra, párr. 59.
247
Cfr. Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra, párr. 155; Caso Ruano Torres y otros vs. El salvador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 157, y Caso Manuela y otros Vs.
El Salvador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Serie C No.
441, párr. 122.
248
Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 154, y Caso Grijalva Bueno
Vs. Ecuador. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 426, párr.
107.
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