audiencia ante el Juez Quinto Penal, el defensor de Daniel García solicitó que se citara a declarar a Subprocurador de Justicia, a fin de “demostrar los hechos con los que lo relaciona el inculpado” y que sin embargo el Juez no solo negó tal requerimiento, sino que indicó que las actuaciones ministeriales hacían plena prueba, ya que estaban revestidas de fe ministerial. 250. Con relación a la falta de asistencia letrada desde su detención, una parte del tiempo en que estuvo arraigado Daniel García, y al momento de prestar declaraciones ante el Ministerio Público, esta Corte observa que no existe controversia al respecto. Daniel García indicó durante la audiencia pública que recién pudo tener acceso a un abogado al quinto o sexto día después de que fuera arraigado 249. 251. El Estado arguyó que, en esas etapas, Daniel García ejerció su defensa técnica de manera personal y que en ninguna de sus declaraciones se auto-incriminó. En cuanto a lo anterior, si bien resulta indiscutible que el artículo 8.2.d y e de la Convención Americana le otorga el derecho al inculpado de defenderse por sí mismo en el marco de un proceso penal, lo relevante aquí es que no se le brindó a Daniel García la posibilidad de contar con un o una defensor/a de su elección desde el momento en que fue detenido. Sobre ese punto, cabe recordar que el derecho de defensa debe poder ejercerse “desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un delito” 250. Al respecto, resulta importante recordar que según fue analizado previamente (supra párr. 131), el acto mediante el cual Daniel García fue acompañado por policías ministeriales de la PGJEM para que pudiera prestar declaración ante el Ministerio Público, el 25 de febrero de 2002, consistió en una detención. Por otra parte, Daniel García tampoco contó con asistencia legal durante el período de su arraigo, el cual fue de 47 días (supra párr. 71). 252. En cuanto el defensor de oficio asignado a Reyes Alpízar, la Corte nota que la Comisión basó su alegato sobre la presunta falta de independencia del defensor designado en el hecho que la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, al emitir auto formal de prisión de reemplazo dejó constancia de que, el defensor asignado se encontraba “adscrito al órgano investigador”. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado subrayó que la Defensoría de Oficio del Estado de México, la cual no dependía de la PGJEM como lo afirman los representantes y la Comisión, sino de la Secretaría General de Gobierno, tal y como lo establecía la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México aplicable al momento de los hechos. De conformidad con lo anterior, no le queda claro a esta Corte si la expresión “adscripto al órgano investigador” se refiere a una relación de dependencia o si como lo sugiere el Estado se trata de un defensor público, que depende de la Defensoría de Oficio del Estado de México que se encuentra asignado a las agencias del Ministerio Público. 253. Por otra parte, la Comisión no se refirió a un acto procesal en particular que no habría llevado a cabo el defensor asignado en favor de su defendido Reyes Alpízar. La Comisión indicó, de forma genérica, que el Estado no ha acreditado que el defensor de Reyes Alpízar lo hubiese asesorado debidamente sobre su situación jurídica, o bien, emprendido desde ese momento actos tendientes a su defensa, como lo era el cuestionamiento de la legalidad o arbitrariedad de la detención. Sin perjuicio de lo señalado, durante la audiencia pública, Daniel García explicó que “el 80 por ciento de esos recursos [que presentó] están firmados únicamente por [él] y por Reyes Alpízar, [siendo que] la defensa pública nunca presentó recurso alguno y […] no existe la causa penal una sola promoción firmada o solicitada por la defensa pública todo lo [hicieron] Reyes Alpízar y [él]” 251. Esa información no fue controvertida por el Estado. Por otra parte, Reyes Alpízar 249 Cfr. Declaración de Daniel García Rodríguez durante la audiencia Pública del presente caso. 250 Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, supra, párr. 29, y Caso Cortez Espinoza Vs. Ecuador, supra, párr. 95. 251 Cfr. Declaración de Daniel García Rodríguez durante la audiencia Pública del presente caso. -67-

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