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175. El Estado solicitó que “en la hipótesis que el presente caso no sea rechazado”, “se
fijen las costas y gastos sobre la base de la equidad”.
176. El Tribunal ha señalado que las pretensiones de las víctimas o sus representantes en
materia de costas y gastos y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en
el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y
argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior,
conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del
procedimiento ante esta Corte 138. En cuanto al rembolso de las costas y gastos, corresponde
a la Corte apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante
las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso
ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la
naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta
apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los
gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable 139.
177. En el presente caso, el Tribunal observa que no consta en el expediente respaldo
probatorio preciso en relación con las costas y gastos en los cuales incurrió el señor
Mohamed o, quien era su representante, el señor Mantione, respecto a la tramitación del
caso ante la Comisión. Sin embargo, la Corte considera que tales trámites necesariamente
implicaron erogaciones pecuniarias, por lo que determina, en equidad, que el Estado debe
entregar al señor Oscar Alberto Mohamed la cantidad de US$ 3.000 (tres mil dólares de los
Estados Unidos de América) por concepto de gastos relacionados con la tramitación del caso
ante la Comisión Interamericana. Dicha cantidad deberá ser cancelada dentro del plazo de
un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
G) Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
178. En el 2008 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos creó el
Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el “objeto
[de] facilitar el acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas
que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema” 140. En el
presente caso, debido a que fueron designados dos defensores interamericanos para
representar a la víctima (supra párrs. 6 y 7) 141, se otorgó asistencia del Fondo de Asistencia
Legal correspondiente a la Corte para sufragar los gastos razonables y necesarios que
138
Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C
No. 108, párr. 22, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas, párr.
292.
139
Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, párr. 82, y Caso Nadege Dorzema y
otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 291.
140
AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08), Resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA durante la
celebración del XXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la OEA, en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de
junio de 2008, “Creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Punto
Resolutivo 2.a), y CP/RES. 963 (1728/09), Resolución adoptada el 11 de noviembre de 2009 por el Consejo
Permanente de la OEA, “Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos”, artículo 1.1.
141
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 (Defensor Interamericano) del Reglamento de la Corte, el
cual prevé que “[e]n casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal
podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de[l] caso”. Tal
como se estableció en la exposición de motivos del Reglamento de la Corte, mediante la implementación de la
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