31. Este Tribunal nota, asimismo, que los intervinientes comunes interpusieron la solicitud de medidas provisionales, inicialmente, con el objeto de evitar que los cinco propuestos beneficiarios se contagiaran del virus, o que los cuatro que creían estar contagiados (con base en los síntomas que tenían, aun cuando no se les había realizado pruebas de diagnóstico) pudieran recibir atención médica y medicamentos, así como que los cinco fueran sujetos a detención domiciliaria. Al momento de interponer la solicitud a mediados de mayo de 2020, a ninguno de ellos se les había realizado dicha prueba, pero ya se había constatado más de 1500 de personas contagiadas con COVID-19 en establecimientos penitenciarios del Perú y más de 100 fallecidos a causa del virus (entre personas privadas de libertad y trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario). Con posterioridad a la presentación de la referida solicitud, y luego de que se le solicitara información al respecto, el Perú procedió a la realización de pruebas de descarte de COVID-19. De la información presentada por el Estado (supra Considerando 11 de la Resolución) surge que, entre el 2 y el 5 de junio, a cuatro de los cinco propuestos beneficiarios se les practicaron las referidas pruebas, de los cuales dos arrojaron resultado positivo (uno de ellos fue diagnosticado como un caso “leve”) y dos resultado “no reactivo”. En cuanto a la quinta persona, en su último informe, de 9 de junio, el Estado refirió que a la señora Liendo Gil no se le practicó la prueba ya que no presentaba sintomatología compatible con el COVID-19, y que había procedido a aislarla en un ambiente individual con baño propio y darle seguimiento médico diario. De ello se desprende que, como mínimo, para el 9 de junio, fecha del último informe estatal, dos de los cinco propuestos beneficiarios habían sido diagnosticados como contagiados. 32. No obstante, en su escrito de 16 de junio, los intervinientes comunes sostuvieron que los cinco propuestos beneficiarios estaban contagiados. En este sentido, destacaron que el tipo de pruebas realizadas por el Estado (comúnmente denominadas “pruebas rápidas”) posee un margen de error del 10%, por lo que las dos pruebas que arrojaron resultado “no reactivo” podrían tratarse de “falsos negativos”. Con respecto a la señora Liendo Gil, indicaron haber tomado conocimiento de que, con posterioridad al referido informe estatal de 9 de junio (supra Considerando 32), se le realizó la prueba de descarte, la cual habría arrojado resultado positivo27. 33. Asimismo, el Tribunal observa que los propuestos beneficiarios presentaron diversas demandas de hábeas corpus ante los tribunales peruanos, las cuales fueron resueltas de forma tal que, independientemente de que inicialmente fueran rechazadas in limine en cuanto a las peticiones principales (supra Considerando 7), respecto de tres de los cinco propuestos beneficiarios, los tribunales exhortaron al Instituto Nacional Penitenciario y a las autoridades del establecimiento penal en que se encuentran recluidos a brindar información sobre el estado de salud, condiciones de detención y/o atención médica recibida. 34. En cuanto a la atención médica, luego de que los intervinientes comunes presentaran la solicitud de medidas provisionales, así como diversos recursos de hábeas corpus, (supra Considerandos 6 y 7), el Perú procedió a realizarles diversos exámenes médicos, cuyos hallazgos están recogidos en los informes y constancias médicas que presentó ante este Tribunal (supra Considerando 11). Con base en dichos informes, el Estado precisó que los cinco propuestos beneficiarios estaban estables 28 y recibiendo el tratamiento necesario de acuerdo con sus afecciones particulares, tanto con relación a la presencia de COVID-19, respecto de aquellos casos cuyas pruebas de descarte arrojaron resultado positivo, como por otro tipo de afecciones, tratamiento que se encuentra detallado en los referidos informes y constancias médicas. Sin embargo, los 27 Los intervinientes comunes no adjuntaron constancia o informe médico que dé cuenta de dicha afirmación. 28 De los escritos más recientes presentados por el Estado y los intervinientes comunes, de 9 y 16 de junio, respectivamente, surge que dos de los propuestos beneficiarios se encontraban “estables”; un tercero refería encontrarse bien, e incluso los intervinientes afirmaron que los restantes dos se encontraban “relativamente recuperados”. 8