3. La nota de la Secretaría de la Corte de 24 de junio de 2022, mediante la cual, de conformidad con el artículo 27.5 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se solicitó al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) que, a más tardar el 4 de julio de 2022, remitieran sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales planteada por los representantes. 4. Los escritos de 1 y 4 de julio de 2022, mediante los cuales el Estado y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a la solicitud de medidas provisionales (supra Visto 2). 5. El escrito de 1 de julio de 2022, mediante el cual los representantes presentaron “información adicional” sobre la solicitud de medidas provisionales, así como el escrito de 6 de julio de 2022, mediante el cual el Estado presentó sus observaciones al respecto, y el escrito de 8 de julio de 2022, mediante el cual los representantes presentaron sus observaciones al referido escrito del Estado de 6 de julio. 6. La Resolución de Medidas Urgentes adoptada por el Presidente de la Corte el 11 de julio de 2022, mediante la cual también convocó a una audiencia privada (infra Considerando 3). 7. El escrito de 5 de septiembre de 2022, mediante el cual los representantes de las víctimas remitieron un documento en el que la Fiscal Elena Gregoria Sut Ren hizo constar su “conocimiento” y “consentimiento” sobre la solicitud de medidas provisionales. 8. La audiencia privada celebrada de manera virtual el 6 de septiembre de 2022, durante el 151 Período Ordinario de Sesiones de esta Corte 3. 9. Los escritos presentados por el Estado el 14 de septiembre y 8 de noviembre de 2022, por los representantes el 30 de septiembre y 26 de octubre de 2022, y por la Comisión el 11 de octubre y 8 de noviembre de 2022. 3 A esta audiencia privada comparecieron: a) por el Estado: Wuelmer Ubener Gómez González, Procurador General de la Nación; Ramiro Alejandro Contreras Escobar y Eddy Cano Cassiano, respectivamente, Director y Subdirector Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (en adelante “COPADEH”); María José del Águila Castillo y María Gabriela Castañeda Morales, respectivamente, Directora y Subdirectora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Walter Estuardo Beltrán Sandoval, Director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos de la COPADEH; Lilian Elizabeth Nájera Reyes, Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación; Lesbia Aldina Contreras Santos, Jefa del Departamento de Compromisos en Derechos Humanos de la COPADEH; Luis Alberto Caballeros Bartolo, Jefe del Departamento de Análisis de Riesgo de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil; Enrique Fernando González Castillo, Asesor Jurídico de la Secretaría General del Ministerio Público; Tomás Ramírez López, Fiscal de Sección de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público; Cristián Rodríguez, Asesor de Despacho de la Procuraduría General de la Nación; Jazmín Isabel López López, Plinio Dardón Rodríguez, Paola Estefanía Arenas Toledo y Luis Pedro Pezzarossi de León, respectivamente, Profesionales Jurídicos y Procurador Jurídico de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, y Carla Gabriela Morales Ramirez, Asesor Profesional de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; b) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada, y el asesor y las asesoras de la Secretaría de la Comisión, Carlos Elguera, Karin Mansel y Luisa Silva; c) por los representantes de las víctimas: Claudia Paz y Paz, Gisela De León De Sedas y Paulina Jiménez Fregoso, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Carlos Chen Osorio y Nancy Roxana Artola Santiago, de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi (ADIVIMA); Héctor Reyes y Francisco Martin Vivar Castellanos, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), y Edgar Pérez, del Bufete de Derechos Humanos de Guatemala (BDH). 2