y CREOMPAZ. Los representantes indicaron que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas se mostró “especialmente alarmado” por la utilización de dicha Oficina Nacional de Prevención de la Tortura como instrumento de presión a jueces 5. En la audiencia privada de 6 de septiembre de 2022, así como en su escrito de 26 octubre de 2022, los representantes aclararon que tal denuncia se fundamentó en “la supuesta aplicación retroactiva de la ley” en los casos de justicia transicional y, específicamente, en el Caso CREOMPAZ “por el exceso de prisión preventiva” dispuesta a los sindicados. Ello “debido a la emisión de una instrucción general por parte de la [ex] fiscal Paz y Paz, en la que señalaba el carácter continuado del delito de desaparición forzada, en cumplimiento con los estándares fijados por esta Corte, y a la aplicación de esta instrucción por parte de la fiscal Sut”. e) El 6 de julio de 2022 se hizo público que, usando como justificante los resultados de un análisis de riesgo realizado el 10 de junio de 2022, el Ministerio Público “está analizando trasladar a la fiscal Sut ‘a efecto de que cualquier riesgo disminuya’”; por lo que su traslado a otra Fiscalía “parece inminente”. 7. Argumentaron que “la extrema gravedad” se configura porque la fiscal Sut ha sufrido “actos de criminalización” y el Ministerio Público ha dado trámite a las denuncias que se han presentado en su contra, por lo que existe “un riesgo real e inminente de ser privada de libertad” y “podría ser ubicada en lugares donde se encuentren personas que ella ha investigado”. También ha sufrido “hostigamientos, amenazas, seguimientos, vigilancia, e incluso difamación a través de publicaciones en internet”. La urgencia se configura porque “el riesgo al que la fiscal se encuentra expuesta se ha agudizado en los últimos meses” producto de su participación en los casos Bámaca Velásquez, Diario Militar y Masacre Plan de Sánchez. Existe irreparabilidad del daño, debido a la “probabilidad razonable de que la fiscal Sut y su familia sufran atentados […] en contra de su vida e integridad”. Asimismo, consideraron que su traslado de Fiscalía “afectaría el desarrollo de las investigaciones”, constituiría “una forma de obstrucción” al impedir “que las investigaciones se desarrollen sin interrupciones”, y “existe el inminente riesgo” de que, una vez consumado el traslado, la fiscal Sut “sea destituida” 6. 8. Durante la audiencia privada de 6 de septiembre de 2022, los representantes informaron que tres días antes “una persona […] estuvo tomando fotos” al hijo de la fiscal Sut, quien también ha sido víctima de seguimientos. Asimismo, afirmaron que la fiscal Sut recientemente ha recibido “amenazas a través de redes sociales”, ha sido señalada de “crimina[l]” por ejercer su labor, y el “personal de la Fiscalía de Derechos Humanos reportó que personas desconocidas habían estado tomándole fotos a las instalaciones de dicha fiscalía”. Señalaron que, a pesar de que el Estado tiene 5 Los representantes argumentaron que no sería la primera vez que tal Oficina “criminaliza el trabajo de operadores de justicia independientes”. Hicieron referencia a que, en las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Guatemala (CAT/C/GTM/2018), el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas se mostró “especialmente alarmado por la utilización de la institución como instrumento de presión a jueces que luchan contra la corrupción […] alegando que sus actuaciones judiciales podrían constituir tortura”. 6 En su escrito de 30 de septiembre de 2022 los representantes señalaron que la sugerencia de trasladar a la fiscal Sut estuvo “plagada de irregularidades”, ya que el conocimiento de ello lo obtuvo a partir de un correo electrónico de 12 de julio de 2022 en que Recursos Humanos le “solicitó una copia de su documento de identidad porque […] era necesario para gestionar su traslado”. Debido a la ausencia de información, la fiscal Sut habría solicitado una copia del expediente, y solo en ese momento pudo conocer “un informe que el Departamento de Seguridad remitió a Recursos Humanos” en que se indica que “se sugiere su traslado de Fiscalía por motivos de seguridad”. Durante la audiencia privada de 6 de septiembre de 2022, los representantes de las víctimas advirtieron que “el Estado parece desconocer que[,] al igual que los procesos de nombramiento y ascensos[,… los] traslados de operadores de justicia no pueden realizarse arbitrariamente, si no que deben responder a criterios objetivos”, tales como “la especialización y las fortalezas adquiridas durante el transcurso de la carrera fiscal”. 5