-2-

1.
El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) el 28 de julio de
1978 y, de acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la
Corte el 21 de enero de 1981.
2.
En los términos del artículo 27.3 del Reglamento de la Corte, “[e]n los casos
contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las
presuntas víctimas, o sus representantes, podrán presentar directamente a ésta
una solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener relación con el objeto
del caso”.
3.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas
provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan
una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos
humanos y en la medida que buscan evitar daños irreparables a las personas. De
esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía
jurisdiccional de carácter preventivo2.
4.
El artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda
disponer de medidas provisionales deben concurrir tres condiciones: i) “extrema
gravedad”; ii) “urgencia”, y iii) que se trate de “evitar daños irreparables” a las
personas. Estas tres condiciones son coexistentes y deben estar presentes en toda
situación en la que se solicite la intervención del Tribunal a través de una medida
provisional. En razón de su competencia, en el marco de medidas provisionales
corresponde al Tribunal considerar única y estrictamente aquellos argumentos que
se relacionan directamente con esos presupuestos o condiciones. Cualquier otro
hecho o argumento solo puede ser analizado y resuelto durante la consideración del
fondo de un caso contencioso o, eventualmente, dentro del proceso de supervisión
de cumplimiento de la sentencia respectiva3.
5.
En lo que se refiere al requisito de “gravedad”, la Convención requiere que
aquella sea “extrema”, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o
elevado. El carácter “urgente” implica que el riesgo o amenaza involucrados sean
inminentes, lo cual requiere que la respuesta para remediarlos sea inmediata.
Finalmente, en cuanto al daño, debe existir una probabilidad razonable de que se
materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser
reparables4.

2

Cfr. Caso Herrera Ulloa respecto Costa Rica. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, Considerando 4, y Caso Cesti
Hurtado respecto Perú. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de octubre de 2019, Considerando
19.
3

Cfr. Asunto James y otros respecto de Trinidad y Tobago. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 1998, Considerando 6, y Caso Romero Feris Vs. Argentina.
Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de
agosto de 2018, Considerando 2.
4

Cfr. Asuntos Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II
(Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital El

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