-5extensiones interpretativas hacia la tutela de los derechos sociales y económicos. En el caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú, expresó 10: Al respecto, resulta oportuno citar la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que, en el caso Airey señaló que: El Tribunal no ignora que la progresiva realización de los derechos sociales y económicos depende de la situación de cada Estado, y sobre todo de su situación económica. Por otro lado, el Convenio [Europeo] debe interpretarse a la luz de las condiciones del presente […] y ha sido diseñado para salvaguardar al individuo de manera real y efectiva respecto de los derechos protegidos por este Convenio […]. Si bien el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social. Por eso el Tribunal estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación del Convenio pueda extenderse a la esfera de los derechos sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha interpretación, ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio. 11 14. En ese orden de ideas, la interdependencia de los derechos civiles y políticos en relación con los económicos, sociales y culturales, realizada en el Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú, se hizo al estudiar los alcances interpretativos del artículo 26 de la Convención Americana, respecto de un derecho (seguridad social) no reconocido expresamente como justiciable en el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador. A continuación se analiza más en detalle esta relación entre la Convención y dicho Protocolo. III. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA ENTRE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 15. A continuación analizaremos en qué forma puede entenderse que el Protocolo de San Salvador no constituye un obstáculo para interpretar el artículo 26 como un escenario para argumentar la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, se analiza la forma en la que el Protocolo de San Salvador puede constituir un referente para determinar el contenido de los derechos que corresponda derivar del artículo 26 convencional. 16. Al respecto, cabe resaltar que en el caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú, la Corte estableció un criterio inicial en esta materia. En dicho caso sedesestimó una excepción preliminar de falta de competencia ratione materiaerespecto al derecho a la seguridad social que había sido formulada en estos términos 12: […] el Estado alegó que el derecho a la seguridad social queda fuera del alcance de la competencia de la Corte en razón de la materia, ya que éste no está contemplado en la Convención Americana ni es uno de los dos derechos (derechos sindicales y derecho a la educación) que excepcionalmente serían justiciables ante el Sistema Interamericano, de conformidad con lo señalado en el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador. 17. La Corte, sin hacer mención al Protocolo de San Salvador para determinar si tenía competencia sobre el mismo, al estimar que no era necesario toda vez que no se alegó violación directa a dicho instrumento internacional, desestimó la excepción preliminar del Estado en dicho caso al considerar, por una parte, que como cualquier otro órgano con 10 Idem. En el mismo sentido, véase Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 9, E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párr. 10, y TEDH.Sidabras and Dziautas Vs. Lituania. Nos. 55480/00 y 59330/0. Sección segunda. Sentencia de 27 de julio de 2004, párr. 47. 11 TEDH. Airey Vs. Irlanda. No. 6289/73. Sentencia de 9 de octubre de 1979, párr. 26. 12 Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú(“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”), supra, párr. 12.