d) El desplazamiento de grupos indígenas en aislamiento, ante los alegados contactos
forzados con los garimpeiros;
e) Violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas, que incluyen casos de violación
y hostigamiento, donde media el consumo de alcohol no voluntario y la entrega de
bienes y alimentos “a cambio de sexo”;
f)
Acoso de personas jóvenes indígenas para trabajar en la explotación de minerales
a cambio de la entrega de armas de fuego, y
g) La presencia constante de garimpeiros armados en las inmediaciones de los
territorios indígenas.
9.
La Comisión señaló que hubo un avance de la actividad minera ilegal en la tierra
indígena Yanomami en 2022 y la instalación de tres dragas; el aumento del tráfico de drogas
y armas, así como de amenazas de muerte y contaminación ambiental; la falta de atención
médica de 615 personas indígenas desde hace seis meses; el ataque de 25 de abril de 2022
contra la comunidad Arakaça, ubicada en la tierra indígena Yanomami, donde los garimpeiros
habrían violado y asesinado a una adolescente de 12 años, y secuestrado a una niña de 4
años y a su madre. Además, la Comisión señaló que el Decreto 10.966, de 11 de febrero de
2022, creó el “Programa de Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala”
(Pró-Mape), y tal programa “eligió” a la región amazónica como “centro de explotación”.
10.
Respecto a los miembros del Pueblo Indígena Munduruku, la Comisión también señaló
una situación de violencia en la zona, debido al “aumento exponencial” de la explotación ilegal
de recursos en su territorio, y el consecuente impacto en la integridad y vida de los propuestos
beneficiarios, indicando que se habrían dado amenazas y ataques realizados por garimpeiros,
algunos con el posible apoyo de autoridades estatales 7. Según la Comisión, harían parte de
esta situación:
a) Actos vandálicos contra las residencias de líderes y lideresas indígenas como, por
ejemplo, el incendio de sus viviendas, la interrupción del suministro de luz
eléctrica, entre otros . La Comisión expresó que, después del incendio de la casa
de la presidenta de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborun, 15 líderes y
sus familias, incluyendo niños/niñas, se “refugiaron” en otro municipio, y tres
líderes se incorporaron al Programa de Protección de Defensores de Derechos
Humanos8;
b) Reiteradas amenazas y agresiones físicas a distintos líderes/líderesas indígenas, y
c) La intercepción de un bus que transportaba a 42 personas indígenas que se dirigían
a Brasilia a denunciar los supuestos actos de violencia y amenazas que habrían
estado recibiendo. En tal suceso, se relató que los pasajeros fueron amenazados
con que se incendiaría el bus.
Un Informe de la Policía Federal respecto del operativo “Mundukurânia” indica fuertes indicios de posible
participación de autoridades estatales, inclusive un alcalde y un miembro del legislativo municipal, con la denominada
minería ilegal. Cfr. Anexo 35. Informe de la Policía Federal sobre el Operativo “Mundukurânia”, 17 de junio de 2021.
7
Según la Comisión, los representantes informaron que hubo varias otras solicitudes de acceso al Programa
de Protección a Defensores de Derechos Humanos que no fueron atendidas.
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