En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. 2. Disponer las medidas de no repetición necesarias para: i) asegurar que tanto la normativa aplicable como las prácticas respectivas en materia de detención preventiva, sean compatibles con los estándares establecidos en el Informe de Fondo; y ii) asegurar que la jurisdicción penal militar no sea aplicada a civiles bajo ninguna circunstancia, incluyendo a militares en retiro. Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público interamericano. El mismo permitirá a la Honorable Corte profundizar su jurisprudencia en materia de detención preventiva en lo relativo a los motivos que pueden sustentarla, esto es, fines procesales y no indicios de responsabilidad. Asimismo, en lo relativo a su tiempo de duración y a la necesidad de revisarla de manera periódica. Por otra parte, la Corte tendrá la oportunidad de continuar desarrollando los estándares interamericanos en materia de debido proceso, en particular, sobre la aplicación de la jurisdicción penal militar, el derecho de defensa, el principio de presunción de inocencia y el plazo razonable. Finalmente, el caso permitirá a la Corte pronunciarse sobre las obligaciones de los Estados a efectos de respetar y garantizar la integridad personal de las personas privadas de libertad. En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer la siguiente declaración pericial: Perito/a, cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre las obligaciones del Estado en materia de detención preventiva, en particular, en lo referente a los motivos para sustentarla, al tiempo de duración y a la revisión periódica de la misma. Adicionalmente, el/la perito/a se referirá a la prohibición de la aplicación de la justicia penal militar para juzgar a militares retirados. En la medida de lo pertinente, el/la perito/a se referirá a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado. Para ejemplificar el desarrollo de su peritaje, el/la perito/a podrá referirse a los hechos del caso. El CV del/a perito/a propuesto/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo No. 13/19. La Comisión pone en conocimiento de la Honorable Corte la siguiente información de quien actúa como parte peticionaria en el trámite ante la CIDH conforme a la información más reciente: XX Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente, Marisol Blanchard Vera Secretaria Ejecutiva Adjunta Anexo 3

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