El Estado ecuatoriano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de
1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
La CIDH ha designado a la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão
y a la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García, como sus Delegadas y
Delegado. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán, Erick Acuña Pereda y Luis Carlos Buob Concha, abogada y abogados de
la Secretaría Ejecutiva, actuarán como Asesora y Asesores Legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia
del Informe de Fondo No. 111/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración de
dicho informe (Anexos).
El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 11 de enero de 2019, otorgándole dos meses para informar
sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión Interamericana otorgó una primera prórroga de tres
meses al Estado ecuatoriano a fin de que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones. En su segundo
informe, el Estado no aportó información actualizada y detallada sobre avances concretos en el cumplimiento de
todas las recomendaciones, particularmente las relativas a la reparación integral, la búsqueda de la víctima y la
relativa a investigación y justicia.
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la Corte
Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo No.
111/18, ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas en el caso particular.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de Ecuador es
responsable por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal,
libertad personal, igualdad y no discriminación, salud, garantías judiciales y protección judicial establecidos en los
artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 7.3, 8.1, 13.1, 24, 25.1 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Luis Eduardo Guachalá Chimbó y sus
familiares en los términos establecidos en su Informe de Fondo.
La Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación:
1.
Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe
tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá disponer las medidas de
compensación económica y satisfacción.
2.
Emprender una búsqueda, a través de todos los medios disponibles, del destino o
paradero de Luis Eduardo Guachalá Chimbó o de sus restos mortales. De ser el caso, disponer
mecanismos adecuados de identificación y proceder a la devolución de los restos a los familiares.
3.
En caso de que Luis Eduardo Guachalá Chimbó aparezca con vida, brindarle de manera
gratuita y por el tiempo que sea necesario, y en concertación con él, el tratamiento en salud mental
que requiera, de conformidad con los estándares establecidos en el informe.
4.
Continuar las investigaciones de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo
razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores e
imponer las sanciones que correspondan.
5.
Disponer medidas de no repetición que incluyan: i) Una revisión de la legislación interna
y de las prácticas arraigadas en cuando a los procesos de toma de decisión de las personas con
discapacidad, a fin de asegurar que tanto el marco normativo como la práctica sea compatible con
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