los estándares internacionales descritos en el informe de fondo; ii )Elaborar un plan integral a efectos de revisar la política de internamiento de personas en instituciones públicas de salud mental y dirigirla hacia la desinstitucionalización conforme a los estándares internacionales en la materia, asegurando las condiciones de seguridad personal y las garantías necesarias para su inclusión en la comunidad; iii) Adoptar medidas específicas para erradicar la coacción y los tratamientos psiquiátricos forzosos así como asegurar el consentimiento informado en materia de salud mental, tanto en lo relativo al internamiento como en lo relativo al tratamiento, conforme a los estándares descritos en el informe; y iv) Incorporar los componentes del derecho a la salud mental en las estrategias y planes de salud generales, priorizando servicios de atención psicosocial y comunitaria. Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación, la Comisión destaca que el presente caso involucra cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, la Honorable Corte podrá profundizar su jurisprudencia en cuanto a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos de las personas con discapacidad, pronunciándose por primera vez sobre el derecho a la capacidad jurídica, la institucionalización de personas con discapacidad y su relación con los derechos a la libertad personal, integridad personal, salud y consentimiento informado. Asimismo, la Corte podrá pronunciarse sobre las obligaciones del Estado en materia de búsqueda e investigación cuando una persona desaparece bajo la custodia del Estado en centro de salud mental. En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer las siguientes declaraciones periciales: Perita/o cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre las obligaciones internacionales de los Estados respecto de las personas con discapacidad, particularmente el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con énfasis en las personas con discapacidad mental e intelectual. Asimismo, el/la perito/a analizará los estándares internacionales en materia de institucionalización de personas con discapacidad y su relación con el derecho a la libertad personal, entre otros derechos relevantes. Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre las obligaciones internacionales de los Estados respecto de los derechos a la salud y a la integridad personal de personas con discapacidad en instituciones de salud mental. El/la perito/a se pronunciará sobre el derecho a la salud y consentimiento informado, así como a medidas de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad. Las hojas de vida de los/as peritos/as ofrecidos/as serán incluidos en los anexos al Informe de Fondo. La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quien actuó como parte peticionaria a lo largo del trámite del caso: Clínica de Derechos Humanos-PUCE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hna. Elsie Monge Directora Ejecutiva Comisión Ecuménica de Derechos Humanos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3

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