por las violaciones a la garantía de juez natural, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los progenitores de Johan Alexis Ortiz Hernández 3, ante la falta de debida diligencia en la investigación y la decisión de sostener la competencia de la jurisdicción militar entre los años 1998 y 2002. Finalmente, la Corte declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares del joven Ortiz Hernández 4 . La Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerando 1). 2. Los escritos presentados por las representantes de las víctimas (en adelante “las representantes”)5 los días 21 de febrero de 2019 y 27 de octubre de 2021, mediante los cuales se refirieron al cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia. En este último escrito también solicitaron que la Corte convoque una audiencia de supervisión de cumplimiento. 3. Las notas de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 21 de diciembre de 2018, 20 de marzo y 2 de abril de 2019, 13 de agosto de 2020 y 2 de noviembre de 2021, mediante las cuales, siguiendo instrucciones de la Presidencia del Tribunal, se recordó al Estado que el día 16 de octubre de 2018 venció el plazo para que presentara el primer informe sobre el cumplimiento de las reparaciones, requerido en el punto resolutivo décimo séptimo de la Sentencia (infra Considerando 2), y se le solicitó su presentación6, sin que hasta el momento haya recibido el mismo. CONSIDERANDO QUE: 1. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones7 la Corte ha venido considerando la ejecución de la Sentencia emitida en este caso hace más de cuatro años (supra Visto 1). En el Fallo, el Tribunal dispuso diez medidas de reparación (infra puntos resolutivos 4 y 5) y el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de la cantidad correspondiente a los gastos realizados durante la etapa de fondo 8 (infra punto resolutivo 7). 2. La Corte se pronunciará primeramente sobre la falta de presentación por parte del Estado del informe sobre el cumplimiento de la Sentencia que le fue requerido en la misma. En segundo lugar, valorará la información aportada por las representantes de las víctimas respecto a tres de las reparaciones. Finalmente, el Tribunal requerirá al Estado la presentación de información sobre el cumplimiento de la Sentencia. 3. La Corte estructurá sus consideraciones en el siguiente orden: La señora Zaida Hernández de Arellano (madre) y el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz (padre). Sus padres, sus hermanos: Zaida Dariana Arellano Hernández, Saúl Johan Arellano Hernández, Jeckson Edgardo Ortiz González, Greyssi Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz González; Saúl Arellano Mora (esposo de la señora Zaida Hernández de Arellano) y Maritza González Cordero (compañera del señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz). 5 Las víctimas del presente caso son representadas por las Defensoras Interamericanas Gustava Aguilar Moraga y María Cristina Meneses Sotomayor. El 15 de marzo de 2021 se designó a María Cristina Meneses Sotomayor en reemplazo de Johanny Elizabeth Castillo Sabari. 6 Además, en cada oportunidad se recordó al Estado que venció el plazo de seís meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia y dispuesto en la misma para realizar el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de la cantidad indicada en el párrafo 259 de la Sentencia junto con los correspondientes intereses moratorios, de conformidad con lo establecido en el párrafo 265 de la misma. 7 Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento. 8 Cfr. Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, supra nota 1, párrs. 259 y 265 y punto resolutivo 16. 3 4 -2-

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