La Comisión ha designado al Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão como sus delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán y Analía Banfi, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de
la CIDH, actuarán como asesoras legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia
del Informe de Fondo No. 119/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del
informe 119/18 (Anexos). Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado de Venezuela mediante comunicación de
1 de noviembre de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. El Estado presentó un escrito indicando que se encontraba en conversaciones con los
representantes para realizar una reunión con el objeto de abordar el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe de Fondo, motivo por el cual la CIDH concedió una prórroga de dos meses solicitada por el Estado. En la
misma comunicación, el Estado informó sobre un cambio legislativo relacionado con una de las recomendaciones,
aunque no se cuenta con mayor información sobre la efectiva implementación de dicho cambio legislativo en la
práctica respecto de la custodia externa de los centros de detención y las posibilidades de intervención de militares
en tales centros. Con posterioridad a dicha prórroga el Estado no ha enviado información alguna sobre el
cumplimiento con las recomendaciones ni ha efectuado una nueva solicitud de prórroga, en los términos requeridos
por el Reglamento de la CIDH.
En consecuencia, la Comisión resolvió someter el presente caso a la Corte Interamericana ante la necesidad
de obtención de justicia y reparación para las víctimas del caso. La Comisión somete a la Corte Interamericana la
totalidad de los hechos y violaciones que se establecen en el Informe de Fondo No. 119/18 que tuvieron lugar con
anterioridad a la entrada en vigencia de la denuncia de la Convención Americana.
La Comisión Interamericana solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Venezuela
violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con
las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Estado de Venezuela:
1.

Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el
aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación
económica y satisfacción.

2.

Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los
familiares de las víctimas fallecidas, así como los internos heridos, de ser su voluntad y de manera
concertada.

3.

Continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con
el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles
responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de
derechos humanos declaradas en el informe.

4.

Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) Asegurar que tanto en la legislación como
en la práctica, las fuerzas militares no tengan facultades de ingreso a los centros penitenciarios con
fines de custodia o respuesta a situaciones de orden público; y ii) La adopción de todas las medidas
necesarias para asegurar que el personal de custodia de los centros de detención, incluso en
situaciones de emergencia, sea de carácter civil y esté debidamente capacitado en materia
penitenciaria y sobre los estándares relativos al uso de la fuerza, en los términos descritos en el
informe de fondo.

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