Asimismo, la Comisión concluyó que el lapso de 26 años sin que se ejecute la sentencia de la Corte
Suprema de febrero de 1993 sobrepasa un plazo que pueda considerarse razonable, por lo que el Estado
peruano también es responsable por la violación del artículo 8.1 de la Convención Americana.
La Comisión determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la negociación
colectiva establecido en el artículo 26 de la Convención Americana teniendo en cuenta que la incertidumbre
judicial y falta de ejecución de las decisiones a nivel interno relacionados con este derecho por más de 26 años,
generó que el mismo no se haya hecho efectivo en la práctica. Por último, la Comisión consideró violado el
derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21 de la Convención Americana, en vista de que las
víctimas contaron con sentencia judicial en firme favorable a su pretensión y, por lo tanto, los eventuales
montos que habrían dejado de percibir ingresaron al patrimonio de las víctimas, sin que a la fecha se hubiera
logrado brindar certeza alguna sobre los efectos patrimoniales concretos del fallo a su favor.
El Estado de Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
La Comisión ha designado al Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana como su delegado. Asimismo,
Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Jorge Humberto Meza Flores, especialista de la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo No. 125/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 125/19 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 16 de octubre de 2019, otorgándole un plazo de dos
meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la CIDH
de cuatro prórrogas, el 30 de octubre de 2020 el Estado solicitó una quinta prórroga. Al evaluar dicha solicitud,
la Comisión tuvo en cuenta que, a un año de notificado el Informe de Fondo, no ha habido avances sustantivos
en el cumplimiento con las recomendaciones. En virtud de dichas consideraciones, y ante la necesidad de
obtención de justicia para las víctimas, las cuales son personas de edad avanzada, la Comisión decidió someter
el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Perú
es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, propiedad privada y protección
judicial, establecido en los artículos 8.1, 21, 25.1, 25.2.c) y 26 de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas del presente
caso, beneficiarias de la decisión de 16 de febrero de 1993, de las cuales la Comisión ha podido individualizar
algunas que se encuentran en el Anexo Único de víctimas del presente informe de fondo de manera no
exhaustiva. Asimismo, la Comisión concluye que el Estado incumplió las obligaciones establecidas en el artículo
2 del mismo instrumento.
Respecto a las víctimas del presente caso, al tratarse de un caso colectivo, la Comisión señaló
expresamente que el anexo único del Informe de Fondo es un listado no exhaustivo. La Comisión resalta que, si
bien las víctimas son integrantes de SUTECASA y beneficiarias de la decisión de 16 de febrero de 1993 y, por lo
tanto, tendrían un carácter determinable, tanto durante el trámite ante la Comisión, como en la etapa posterior
a la emisión del informe de fondo, se han presentado dificultades y divergencias en relación con la
individualización de las personas que serían víctimas. En este sentido, la CIDH ha recibido distintos listados
que no son consistentes entre si y, por tanto, ha elaborado un listado no exhaustivo como indicación del carácter
masivo o colectivo del caso, que puede aportar elementos que permitan una determinación ante este Tribunal.
Por lo tanto, con base en lo dispuesto en el artículo 35.2 del Reglamento de la Honorable Corte, la Comisión
solicita a la Honorable Corte que, dadas las dificultades mencionadas, determine las victimas del presente caso.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas
de reparación:
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