12 vivir en su territorio”19. En la audiencia pública (supra Visto 7) la señora Ligia María Chaverra, beneficiaria de estas medidas provisionales, señaló que las “amenazas […] siguen multiplicadas para las comunidades [del] Curbaradó y Jiguamiandó”, y que “la fuerza pública está en Curbaradó y Jiguamiandó […] pero también amenazan, y allí se reúnen también los paramilitares, pasan junto con el ejército […] y nada les dicen […]”. 35. Los representantes también se refirieron a la “[c]ontinuidad de la apropiación ilegal y usufructo de predios colectivos”, al “[i]ncremento del repoblamiento de personas ajenas al territorio por parte de empresarios palmeros, ganaderos y madereros”, y a los “[m]ecanismos de usurpación a la autoridad de los Consejos Mayores del Curvaradó y del Jiguamiandó” 20. Al respecto, advirtieron que “[l]a situación actual de incumplimiento a los mecanismos concertados para la entrega de los territorios y de materialización de derechos de propiedad colectiva agrava la situación de los beneficiarios”. Durante la audiencia pública (supra Visto 7) los representantes se refirieron al auto de la Corte Constitucional de Colombia de 18 de mayo de 2010 (supra Visto 6) y, sobre el mismo, advirtieron que la persona a la cual se iba a “entrega[r el] territorio [el 19 de mayo de 2010], no es el representante de […] las comunidades del Curbaradó”. Frente a los alegatos del Estado en donde pretenden desligar el tema de las tierras con el de las medidas provisionales, los representantes manifestaron que “el tema de las tierras y las violaciones a la integridad personal y a la vida están íntimamente relacionadas”. Además, expresaron su voluntad porque “se actualice el censo […] para saber qui[é]nes son los beneficiarios del territorio”. Los representantes advirtieron también que la figura de zonas humanitarias y zonas de biodiversidad no “es una invención porque el conflicto armado existe”. 36. La Comisión valoró los esfuerzos desplegados por el Estado para cumplir con su obligación de protección. Sin embargo, advirtió que “no se [hizo] mención a la eficacia e impacto concreto e inmediato que estas medidas representan para los beneficiarios”. Asimismo, consideró que los alegados mecanismos de usurpación a la autoridad de los Consejos Mayores del Curvaradó y del Jiguamiandó, expresado por el representante, “agrava[n] para los beneficiarios de las presentes medidas […] la situación de extrema gravedad y urgencia”. Además, advirtió que “las investigaciones vinculadas con los hechos de este caso no presentan avances sustanciales, lo que configura una situación de impunidad que facilita el acaecimiento de nuevos hechos de violencia respecto de los beneficiarios”. Durante la audiencia pública (supra Visto 7) la Comisión destacó que “existen diversos factores que mantienen el riesgo de un eventual daño irreparable a la vida o a la integridad física para los habitantes de las zonas humanitarias y de biodiversidad y demás pobladores que permanecen en las cuencas del río del Jiguamiandó y Curbaradó”. Al respecto, se refirió, ente otros, a la presencia de grupos armados al margen de la ley, la usurpación de tierras, la participación en los procesos judiciales para la restitución de tierras contra los empresarios de la Palma, la existencia de fuerzas privadas de seguridad, los constantes señalamientos de pertenecer a grupos subversivos, las amenazas y actos de hostigamientos en contra de las organizaciones de derechos humanos. La Comisión señaló que “en el capítulo cuarto en sus informes anuales de 2008 y 2009 respecto de Colombia, […] ha reiterado su preocupación por la 19 Los representantes señalaron que Wilinton Cuesta está acusado del delito de homicidio y de rebelión; que se adelanta un proceso bajo el radico 20-22 en donde dos personas están en este momento privadas de la libertad y otros doce también se encuentran vinculados; que el señor Enrique Petro esta acusado de ser invasor de tierra, y que la familia Barrera fue acusada del delito de asonada. 20 Al respecto, informaron que “18 comunidades pertenecientes a las Cuencas del Curvaradó citaron a una Asamblea Extraordinaria para la elección de su verdadero Representante Legal, para el 24 de abril de 2010” y, escogieron a Raúl Palacio Salas como Representante Legal del Consejo Mayor de la Cuenca del Río Curvaradó, y como integrantes de la Junta Directiva a María Ligia Chaverra, Presidenta; Simona Torres, Vicepresidenta; Andrés Carmona, Fiscal; Hugo de Jesús Tuberquia, Secretario; y, Pedro Cortés, Vocal, “todos beneficiarios de las presentes [m]edidas [p]rovisionales que habitan en Zonas Humanitarias y de Biodiversidad”. Esta conformación fue presentada el 26 de abril de 2010 ante la Alcaldía del Carmen del Darién “sin que a la fecha se conozca un pronunciamiento por parte de esta autoridad”.