3 (Anexos). Dicho informe fue notificado al Estado de Colombia mediante comunicación de 9 de noviembre de 2011, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 6 de enero de 2011 el Estado solicitó una prórroga de un mes respecto del plazo inicial de dos meses para informar. La CIDH concedió la prórroga hasta el 30 de enero de 2012. El Estado presentó su respuesta en la fecha indicada. En la citada respuesta el Estado presentó información sobre algunos avances en las recomendaciones, no solicitó prórroga y destacó lo siguiente. En relación con las recomendaciones relativas a la investigación de los hechos y la localización de los desaparecidos, el Estado destacó la “profunda complejidad de los hechos y el contexto en el cual se presentaron” y consideró que ha demostrado “una gestión” desde el momento de los hechos, con la finalidad de esclarecer los mismos, “la búsqueda” de los responsables –indagando en “variadas líneas de investigación” en los procesos penales. Agregó que los familiares han participado permanentemente en los procesos. Por otro lado, Colombia destacó las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en relación con los diferentes procesos y destacó que, dentro de dichos procesos, se han emitido dos fallos condenatorios (contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega3 y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales), una sentencia absolutoria (respecto del Brigadier general retirado Iván Ramírez Quintero) y agregó que existe un juicio abierto en contra de cinco personas más, incluido el coronel retirado Sánchez Rubiano. Asimismo, informó que existe un proceso seguido por el Juzgado Segundo Especializado y el Tribunal Especial de Instrucción. Además, presentó la relación de procesos contenciosos abiertos. Finalmente, informó que el proceso en el cual se investigan los alegados hechos en perjuicio de Yolanda Ernestina Santodomingo Alberecci, Eduardo Arturo Matson Ospino, Ana Lucía Limas Montaña, José Rubiano Galvis y Magalis María Arévalo Mejía “se encuentra en etapa preliminar.” El Estado no presentó información detallada sobre las medidas llevadas a cabo para dar con el paradero de las once víctimas que aún se encuentran desaparecidas. Por otro lado, en relación con algunas medidas de capacitación y accionar de la Fuerza Pública, el Estado manifestó, entre otros, que “ha realizado avances y obtenido resultados significativos en la aplicación de la doctrina respecto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las Fuerzas Militares, acorde con los tratados, convenios y protocolos vigentes con organismos internacionales”. El Estado presentó información relativa a los diversos planes y programas realizados sobre el particular, y sobre la “política integral de seguridad y defensa para la prosperidad”. Además, presentó información sobre el “manual de derecho operacional” que tiene por objeto “ofrecer las herramientas para asegurar la juridicidad de las operaciones y facilitar el acceso a un compendio ordenado de normas y doctrina operacional aplicable a la conducción de operaciones militares”. Informó, además, de la creación, dentro del Ejército, de la Dirección de Asesoría Jurídica Operacional. Asimismo, presentó información sobre la capacitación recibida por parte de la Policía Nacional. La Comisión valora la información presentada por el Estado, la mayoría de la cual fue oportunamente evaluada en el Informe de Admisibilidad y Fondo. No obstante lo anterior, la CIDH observa que el Estado no presenta información completa en cuanto al 3 De conformidad por lo informado por el Estado, en enero de 2012 se ratificó la condena a 30 años de prisión contra el General Plazas Vega.