El caso también se relaciona con las violaciones a las garantías y protección judicial en el marco de la investigación y proceso penal seguidos frente las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina. La Comisión determinó que el Estado de Venezuela incumplió con su obligación de investigar con la debida diligencia las muertes en cuestión, entre otros aspectos, debido a la conducción de la investigación sin que exista una línea lógica sobre la posible participación de agentes del Estado en la muerte de las víctimas pese a las denuncias interpuestas; el ocultamiento y destrucción de evidencia (parque de armas, libros de ocurrencias, entre otros) solicitada por las Fiscalías encargadas a lo largo de los años, por acción de agentes policiales; descarte de testimonios que vinculaban a agentes policiales; la falta de impulso procesal de oficio; la falta de razonabilidad en el tiempo de la investigación; y la ausencia de la toma en consideración del contexto de violencia policial en Falcón. Finalmente, la CIDH determinó la afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares por el dolor y sufrimiento inherente a las circunstancias en las cuales perdieron la vida las dos víctimas, así como la falta de una respuesta frente a las acciones de justicia que han emprendido, en particular en un contexto en el cual se registraron también denuncias de amenazas y hostigamiento en su contra por el impulso que han dado al proceso. El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 9 de agosto de 1997 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. El Estado denunció la Convención Americana el 10 de septiembre de 2012. Los hechos del presente caso tuvieron lugar antes del 10 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigencia la denuncia de la Convención Americana. La Comisión ha designado al Comisionado Francisco Eguiguren Praeli y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus Delegados. Asimismo, la abogada Silvia Serrano Guzmán y el abogado Piero Vásquez Agüero, de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como Asesores Legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo Nº 160/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 160/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Venezuela mediante comunicación de 27 de febrero de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado venezolano no dio respuesta alguna al informe de fondo de la Comisión. En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 160/18, por la necesidad de obtención de justicia y reparación. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de Venezuela es responsable por: - La violación de los derechos establecidos en el artículo 4.1 y 5.1. de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio Jimmy Guerrero y Ramón Molina. Asimismo, para el caso de Jimmy 2

Select target paragraph3