tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales
y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados” 12.
8. Sin perjuicio de lo que se señalará en los apartados siguientes, de la lectura
de esta norma se advierte que, a diferencia de lo que acontece a propósito de
los derechos civiles y políticos especificados y desarrollados en el Capítulo II
de la Convención, acá se establece una obligación de medios para los Estados
parte, en el sentido de adoptar las acciones, medidas o políticas públicas
necesarias para lograr “progresivamente” la plena efectividad de los derechos
contemplados en esta disposición.
9. Más aún, los artículos 76.1 y 77.1 de la Convención contemplan el sistema
acordado por los Estados para modificar lo pactado, sea través de una
enmienda o de un protocolo adicional. Fue justamente al amparo de esta
última disposición que se adoptó el “Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador” de 1988, con la finalidad de
incluir progresivamente en el régimen de protección de la Convención otros
derechos y libertades. Sobre este punto me referiré, con mayor detalle, en los
apartados siguientes.
10. En tal sentido, concebir el artículo 26 de la Convención como una norma de
remisión a todos los DESCA que estarían comprendidos en la Carta de la OEA,
desatiende el compromiso adoptado por los Estados que han ratificado la
Convención Americana.
B. Trabajos preparatorios de la Convención Americana
11. En 1959, durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (en adelante, OEA)
se decidió impulsar la preparación de una Convención de Derechos Humanos
y se encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la preparación
de un proyecto 13 para tal efecto 14. Con este objeto el referido Consejo tomó
en consideración las experiencias del Sistema Europeo y del Sistema Universal
de Derechos Humanos. La temática de los derechos económicos, sociales y
culturales se incorporó en el capítulo II del proyecto (titulado “Derechos
económicos, sociales y culturales”) en los siguientes términos:
Artículo 21.
1. Los Estados reconocen a todos sus habitantes la facultad de gozar de los derechos
económicos, sociales y culturales.
2. Al mismo tiempo reconocen que el ejercicio de tales derechos sólo podrá tener las
limitaciones impuestas por la ley en la medida compatible con la naturaleza de tales derechos
y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general de una sociedad democrática 15.
El destacado es propio.
Aprobado el 8 de septiembre de 1959, por Resolución No. XX del Consejo Interamericano de
Jurisconsultos; Doc. CIJ-41, 1959.
14
Cfr. Anuario Interamericano de Derechos Humanos 1968, OEA, Washington D.C., 1973, pág. 97.
15
Cfr. Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, aprobado por la Cuarta Reunión del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos, Acta Final, Santiago de Chile, septiembre, 1959 Doc. CIJ-43, en: Anuario
Interamericano de Derechos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, págs. 244.
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