11 de marzo de 2021
REF.:

Caso Nº 12.963
Alejandro Nissen Pessolani
Paraguay

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
Nº 12.963 – Alejandro Nissen Pessolani respecto de la República de Paraguay (en adelante “el Estado”, “el Estado
paraguayo” o “Paraguay”). El presente caso se refiere a la la responsabilidad del Estado de Paraguay por la
violación de garantías judiciales del señor Alejandro Nissen Pessolani en el marco de procesos seguidos en su
contra por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que determinó la remoción de su cargo como
Agente Fiscal Penal.
El señor Nissen era fiscal en la ciudad de Asunción y desarrollaba principalmente investigaciones
relacionadas con casos de corrupción. En marzo de 2002 se presentó una denuncia en su contra alegando mal
desempeño en sus funciones. El Jurado de Enjuiciamiento emitió una sentencia sancionatoria disponiendo su
destitución del cargo en abril de 2003 y en 2004 la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de
inconstitucionalidad presentada por la presunta víctima.
En su Informe de Fondo la CIDH realizó un análisis de los siguientes componentes de las garantías
judiciales aplicables a los procesos disciplinarios seguidos contra fiscales: (i) el derecho a contar con juez
competente, independiente e imparcial; (ii) el derecho de defensa y el principio de congruencia; (iii) el derecho
a contar con decisiones debidamente motivadas, principio de legalidad y el derecho a la libertad de expresión;
y (iv) el derecho a recurrir el fallo y a la protección judicial.
La Comisión estableció que no se cuenta con suficiente información que indique que los integrantes
del Jurado de Enjuiciamiento tendrían una subordinación o relación de dependencia con las partes en el
proceso, o bien, carecieran de garantías de estabilidad que se tradujera en una falta de independencia, ni para
determinar una violación a la garantía de imparcialidad.
En cuanto al derecho de defensa y al principio de congruencia, la Comisión determinó que la sentencia
sancionatoria emitida por el JEM modificó la base fáctica de la acusación presentada contra el señor Nissen
incorporando nuevos hechos en relación con dos causales, por lo que la víctima no pudo ejercer defensa alguna
al respecto. La Comisión observó que dicha modificación sustancial trajo consigo la posibilidad de imponer,
como efectivamente se hizo, la máxima sanción contra el señor Nissen. Además, la Comisión consideró que se
incumplieron los plazos legales establecidos para el juzgamiento por parte del Jurado.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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