11 de marzo de 2021 REF.: Caso Nº 12.963 Alejandro Nissen Pessolani Paraguay Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Nº 12.963 – Alejandro Nissen Pessolani respecto de la República de Paraguay (en adelante “el Estado”, “el Estado paraguayo” o “Paraguay”). El presente caso se refiere a la la responsabilidad del Estado de Paraguay por la violación de garantías judiciales del señor Alejandro Nissen Pessolani en el marco de procesos seguidos en su contra por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que determinó la remoción de su cargo como Agente Fiscal Penal. El señor Nissen era fiscal en la ciudad de Asunción y desarrollaba principalmente investigaciones relacionadas con casos de corrupción. En marzo de 2002 se presentó una denuncia en su contra alegando mal desempeño en sus funciones. El Jurado de Enjuiciamiento emitió una sentencia sancionatoria disponiendo su destitución del cargo en abril de 2003 y en 2004 la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la presunta víctima. En su Informe de Fondo la CIDH realizó un análisis de los siguientes componentes de las garantías judiciales aplicables a los procesos disciplinarios seguidos contra fiscales: (i) el derecho a contar con juez competente, independiente e imparcial; (ii) el derecho de defensa y el principio de congruencia; (iii) el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas, principio de legalidad y el derecho a la libertad de expresión; y (iv) el derecho a recurrir el fallo y a la protección judicial. La Comisión estableció que no se cuenta con suficiente información que indique que los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento tendrían una subordinación o relación de dependencia con las partes en el proceso, o bien, carecieran de garantías de estabilidad que se tradujera en una falta de independencia, ni para determinar una violación a la garantía de imparcialidad. En cuanto al derecho de defensa y al principio de congruencia, la Comisión determinó que la sentencia sancionatoria emitida por el JEM modificó la base fáctica de la acusación presentada contra el señor Nissen incorporando nuevos hechos en relación con dos causales, por lo que la víctima no pudo ejercer defensa alguna al respecto. La Comisión observó que dicha modificación sustancial trajo consigo la posibilidad de imponer, como efectivamente se hizo, la máxima sanción contra el señor Nissen. Además, la Comisión consideró que se incumplieron los plazos legales establecidos para el juzgamiento por parte del Jurado. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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