9 13. El Estado añadió que la Corte “ha sido constante en declarar improcedentes las excepciones preliminares sustentadas en un criterio de cuarta instancia”. Sin embargo, este caso sería excepcional porque en los casos anteriores los demandantes no habían pretendido obtener “la revisión de los fallos o decisiones de los tribunales internos”, sino la determinación de “si un acto u omisión del Estado ha[bía] resultado violatorio de un derecho protegido por la Convención Americana”, mientras que en el presente caso “se buscaría revisar lo ya decidido por los tribunales domésticos”, pues éstos habrían ejercido “efectivamente el ‘control de convencionalidad’ ex officio, que debe imperar para ser procedente una excepción de cuarta instancia”. En consecuencia, el Estado solicitó a la Corte declararse incompetente debido a que “la totalidad de los méritos del caso […] fueron analizados judicialmente” en instancias judiciales en las que se “determinó la inexistencia de tortura” y “en juicio apegado al respeto de las garantías judiciales […] acreditó la responsabilidad penal de [las presuntas víctimas]”. Por último, solicitó que, en caso de declararse improcedente esta excepción, la Corte se pronuncie “sobre los criterios, fundamentos jurídicos y condiciones en las que, aun cuando los tribunales nacionales ejerzan un control de convencionalidad”, la Corte “puede conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción”. 14. La Comisión alegó que “no pretende presentar cuestiones vinculadas con la interpretación o aplicación del derecho interno del Estado a los hechos” de este juicio, “sino que solicita que la Corte declare que el Estado mexicano es responsable de la violación” de algunos derechos estipulados en instrumentos interamericanos. Además, la Comisión resaltó que ella habría analizado “oportuna y debidamente las cuestiones de admisibilidad en el presente caso”, y que en el informe de fondo y en la demanda, concluyó la “falta de investigación y substanciación de la denuncia interpuesta por los alegados actos de tortura” y “las irregularidades acaecidas dentro del proceso penal en contra de las [presuntas] víctimas”. Por último, señaló que “la excepción interpuesta por el Estado de México es infundada, puesto que los argumentos estatales presuponen una evaluación de la materia de fondo de la demanda y de las evidencias presentadas en relación con el sistema judicial y las decisiones de los tribunales internos en este caso”. 15. Por su parte, los representantes señalaron que “el argumento estatal no puede ser considerado como una excepción preliminar, en tanto el mismo se basa en la compatibilidad de las actuaciones de sus órganos internos con la Convención Americana”, razón por la cual “constituye un alegato de fondo”. Además, sostuvieron que no solicitan revisar “la manera en que los tribunales mexicanos aplicaron su legislación interna o sus decisiones” sino “alegadas violaciones de instrumentos interamericanos”, teniendo en cuenta que el Estado es internacionalmente responsable por los actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos, incluidos los tribunales. Agregaron que también se solicita declarar la “incompatibilidad de la competencia de los tribunales militares para investigar los hechos denunciados de tortura con las disposiciones convencionales mencionadas”. Frente al argumento de que la excepción de “cuarta instancia” procede porque todas las violaciones alegadas ante la Corte ya habían sido valoradas y consideradas por órganos judiciales, los representantes afirman que ello no sería efectivo, pues “varias de las violaciones de derechos humanos objeto de estudio en el presente caso nunca fueron valoradas por tribunales internos o, si lo [fueron], fue de manera [in]adecuada”, como habría sucedido con la alegada tortura. Respecto al alegato de que procedería la excepción preliminar de “cuarta instancia” porque el Poder Judicial interno habría ejercido “el control de convencionalidad ex officio que debe imperar para hacer procedente [dicha] excepción”, los representantes señalaron que la evaluación del cumplimiento de dicho control “compete, al igual que la del resto de las obligaciones que emanan del tratado, a la Corte Interamericana”. Además, hicieron presente que “no es cierto que dicho ‘control de convencionalidad’ realmente se haya hecho”.