11 27. EL 23 de diciembre de 2015 los representantes reiteraron que continuaban las dificultades en cuanto a relevos de guardaespaldas, lo que les ha impedido que se desplacen fuera de Barrancabermeja15. También expresaron que después de la reunión de 2 de octubre de ese año (supra nota a pie de página 9), el 19 de noviembre de 2015 “el encargado de peajes de los esquemas de seguridad provistos por la UNP […] se comprometió a verificar si se habían pagado o no los dineros cancelados por la beneficiaria”. El 1 de agosto de 2016 los representantes indicaron que seguía el problema con la “falta de autorizaciones para el traslado de los guardaespaldas”. El 6 de octubre de 2016 informaron que los problemas con los guardaespaldas y el pago de los peajes todavía seguían. 28. El 26 de diciembre de 2016 los representantes rechazaron lo que según ellos fue una solicitud implícita del Estado para que la beneficiaria dejara su trabajo como defensora de derechos humanos, esto debido a que el Estado sugirió que evitara trasladarse a ciertos lugares que pusieran en peligro su seguridad (supra Considerando 19). Los representantes indicaron que con respecto a la beneficiaria, la falta de recursos “no puede llegar a que sus actividades laborales se hagan en función del esquema, cuando el deber ser es que se adapte a su situación”. La situación de la beneficiaria requiere que exista “la disponibilidad y capacidad” para que ella esté acompañada “en todo tiempo”. 29. Los representantes también especificaron diversos señalamientos sobre problemas relativos a la provisión de combustible: a) el 18 de marzo de 2014 expresaron que la beneficiaria estaba teniendo problemas con el suministro de combustible a su vehículo blindado, pues se redujo el monto dinerario brindado para solventarlo; b) el 4 de mayo de 2015 señalaron que “se s[eguían] presentando inconvenientes”; c) el 20 de agosto de 2015 expresaron que los problemas en cuanto a “gastos de gasolina”, seguían “presentándose con mucha frecuencia”, y d) el 4 de mayo de 2016 volvieron a referirse a tales dificultades, explicando que no se estaba cumpliendo con la “consignación semanal” de dinero para tal fin, lo que había llevado a la señora Almanza a tener inmovilizado el vehículo, quedando en “una situación de peligro absoluto”, siendo que “no p[uede] dejar de cumplir sus labores como defensora de derechos humanos ni asuntos familiares”. Manifestaron que si bien no se había “vuelto a tener dificultades” como las que señalaron que “llevar[on] a la beneficiaria a cancelar viajes y actividades fuera de Barrancabermeja”, “ahora el problema principal es la falta de dinero para el combustible del vehículo blindado”. 30. En respuesta a lo manifestado por el Estado el 11 de noviembre de 2016 (supra Considerando 19), los representantes, en sus observaciones de 26 de diciembre de 2016 indicaron que la beneficiaria había tenido “dificultades en el reembolso” del combustible, y al final, asumió los gastos. Finalmente, los representantes reiteraron la situación en sus informes de 6 de septiembre y 27 de octubre de 2017, al establecer que el monto que se gira a favor de la beneficiaria por este concepto solamente cubre 20 días del mes, limitando el trabajo de la señora Almanza por falta de medios. 31. Los representantes también hicieron consideraciones sobre la interlocución mantenida con autoridades estatales. En ese sentido, el 11 de noviembre de 2014 los representantes manifestaron que para el 10 de octubre de ese año todavía no se les había hecho “conocer el informe de la Inspección General de Policía para verificar el 15 Al respecto, el 4 de mayo de 2016, frente a señalamientos estatales sobre la presunta falta de inconvenientes, reafirmaron que los problemas indicados sí se habían presentado.