Los hechos del caso se relacionan con la muerte de 3 personas –los hermanos Diaz Loreto y su padre- ocurrida en enero de 2003, como consecuencia del accionar de funcionarios policiales del Estado de Aragua y la impunidad en que quedaron los hechos.

En su Sentencia la CorteIDH analizó el comportamiento de los funcionarios policiales a la luz de estándares que legitiman el uso de la fuerza, asi como su eventual respeto a principios de necesidad y estricta proporcionalidad.

También estableció responsabilidad por faltas a la debida diligencia y al plazo razonable en la investigación de los hechos .

Adicionalmente evaluó violaciones a las garantías judiciales por falta de medidas de protección en favor de las personas que participaron de los procesos judiciales, quienes habían sufrido hostigamientos e intimidaciones.