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Judicial), en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención, por la supuesta
“privación ilegal de la libertad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes,
violación a las garantías judiciales y doble enjuiciamiento con base en los mismos
hechos, de María Elena Loayza Tamayo, en violación de la Convención” y del artículo
51.2 de la Convención por haberse negado a “dar cumplimiento a las
recomendaciones formuladas por la Comisión”. Además pidió que declare que el
Perú “debe reparar plenamente a María Elena Loayza Tamayo por el grave daño -material y moral-- sufrido por ésta y, en consecuencia, [que] orden[ara] al Estado
peruano que decrete su inmediata libertad y la indemnice en forma adecuada” y lo
condene al pago de las costas de este proceso.
II
2.
La Corte es competente para conocer el presente caso. Perú ratificó la
Convención el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia de la Corte el 21 de
enero de 1981.
III
3.

La Corte resume los hechos de la demanda de la siguiente manera:
a.
El 6 de febrero de 1993 la señora María Elena Loayza Tamayo,
peruana, profesora de la Universidad San Martín de Porres, fue arrestada
junto con un familiar suyo, el señor Ladislao Alberto Huamán Loayza, por
miembros de la División Nacional contra el Terrorismo (en adelante
“DINCOTE”) de la Policía Nacional del Perú, en un inmueble ubicado en Calle
Mitobamba, Manzana D, Lote 18, Urbanización los Naranjos, Distrito de los
Olivos, Lima, Perú. De acuerdo con la Ley de Arrepentimiento, aprobada por
el Decreto-Ley Nº 25.499, Angélica Torres García, conocida como “Mirtha”,
capturada el 5 de febrero de 1993, denunció a la señora María Elena Loayza
Tamayo.
Asimismo, indica que el Estado peruano, sin observar el
procedimiento de verificación de la indicada ley y su reglamento, arrestó al
día siguiente a la señora Loayza Tamayo sin orden expedida por la autoridad
judicial competente como presunta colaboradora del grupo subversivo
Sendero Luminoso.
b.
La señora María Elena Loayza Tamayo estuvo detenida por la DINCOTE
desde el 6 hasta el 26 de febrero de 1993 sin haber sido puesta a disposición
del Juzgado Especial de la Marina, en contravención del artículo 12.c del
Decreto-Ley Nº 25.475 (delito de terrorismo). En la DINCOTE permaneció 10
días incomunicada y fue objeto de torturas, tratos crueles y degradantes y de
apremios ilegales, por ejemplo, “torturas... amenazas de ahogo a orillas del
mar durante horas de la noche y la violación sexual de [que] fue víctima por
efectivos de la DINCOTE”; todo con la finalidad de que se autoinculpara y
declarara pertenecer al Partido Comunista de Perú -Sendero Luminoso- (en
adelante “PCP-SL”). Sin embargo, la señora María Elena Loayza Tamayo
declaró ser inocente, negó pertenecer al PCP-SL y, por el contrario, “criticó
sus métodos: la violencia y la violación de derechos humanos por parte de
ese grupo subversivo”.

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