6 importante de miembros de Bandas Criminales –BACRIM-“, aunque no en territorio kankuamo. No obstante, “la presencia de la fuerza pública se va a mantener en la misma proporción, pues en el marco de [la] política de consolidación, es precisamente cuando los territorios están consolidados que [deben hacerse] mayores esfuerzos para garantizar la irreversibilidad de los resultados”. 11. En la Resolución mediante la cual se convocó a la audiencia pública celebrada en el presente asunto (supra Visto 5)8, se destacó que la última información de los representantes recibida en la Corte era de 28 de abril de 2010. Dicha información se refería a cuatro puntos: a) amenazas a la vida e integridad personal de algunos líderes; b) violaciones de los derechos de la mujer, c) vulneraciones al derecho internacional humanitario y otros actos irregulares cometidos por el Ejército Nacional, y d) presencia de otros grupos armados en el territorio Kankuamo 9. Durante la audiencia pública, los representantes señalaron que “si bien es cierto, y afortunadamente por las medidas que en su momento adoptó la Corte Interamericana, las situaciones han podido avanzar, […] las condiciones de amenaza que motivaron la solicitud de medidas provisionales […] persisten”. Asimismo, mencionaron que “el contexto de violencia que se vive en la zona, es un contexto de violencia sistemática y generalizada, […] los mismos móviles, la presencia de grupos armados en el territorio ancestral, hoy representada por grupos guerrilleros y paramilitares […] se están reactivando y rearmando en el departamento del Cesar”. Al respecto, señalaron que en la ciudad de Valledupar, “muy cercana al Pueblo Indígena Kankuamo”, se vive una situación de violencia “profundizada”, y que ya “han tenido situaciones en el territorio indígena de asesinatos y de violaciones de derechos humanos” como, por ejemplo, en el territorio ancestral, en inmediaciones a la comunidad de Río Seco. Puntualizaron que en el “mes de julio se encontraron cuatro 8 Asunto Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de junio de 2011. 9 Sobre el inciso a), señalaron que en diciembre de 2009, llegó a las instalaciones de la Organización Indígena Kankuamo un “panfleto” amenazante dirigido contra varios líderes por parte del grupo paramilitar “las Águilas Negras”. Entre los indígenas amenazados se encontraban cabildos menores de la comunidad de Mojao, de rancho de la Goya y el Cabildo Gobernador del resguardo Kankuamo, Jaime Arias. Asimismo, señalaron que el 8 de abril de 2010, a través de un mensaje de texto, el indígena kankuamo Oscar Segundo Carrillo Daza, quien se desempeña como rector de la institución educativa San Isidro Labrador del resguardo indígena Atanquéz, recibió amenazas. En relación con el inciso b), señalaron que “la presencia de miembros de la fuerza pública colombiana en la Sierra nevada de Santa Marta […] siguen presentando situaciones que afectan de manera directa a las jóvenes mujeres de los cuatro pueblos que la habitan”, tales como “los múltiples embarazos a mujeres indígenas por parte de miembros del ejército nacional y el desconocimiento posterior de sus obligaciones como padres”. Respecto al inciso c), los representantes señalaron que el 7 de julio de 2009, la señora Celia del Carmen Maestre, Indígena Kankuamo, recibió amenazas contra su vida e integridad personal por parte de un miembro activo del grupo de alta montaña N° 6 adscrito al Batallón de Malambo, Departamento del Atlántico. Asimismo, indicaron que se han ejecutado jornadas de expedición de libretas militares a los indígenas kankuamo así como otras actividades cívico militares en la zona, y que la Fuerza Pública continúa movilizándose de manera “inconsulta” en el Resguardo Indígena Kankuamo. Además, señalaron que han tenido conocimiento de casos de reclutamiento de indígenas kankuamo. Mencionaron el ejemplo del joven Edilberto de Jesús Gutiérrez y otros seis miembros de la comunidad de Atánquez. Por otro lado, informaron que existen puestos policiales y trincheras en pleno centro del corregimiento de Atánquez, situación que pone en riesgo a la población ante la posibilidad de un ataque de la guerrilla. Además, según los representantes, los soldados siguen ocupando lugares como escuelas, viviendas, vehículos e, incluso, hay presencia de personal militar y “elementos bélicos” en cercanías a los puestos de salud. Igualmente, manifestaron que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada han denunciado que personal militar hace presencia en lugares sagrados y, en algunos casos, han sustraído “tumas” y elementos sagrados de los que depende la protección del territorio. Finalmente, sobre el punto d), los representantes señalaron que la Organización Wiwa Yugamaín Bunuankurrua Tayrona (OWBYT) denunció que el 13 de septiembre de 2009, en inmediaciones de la Casa Indígena de Valledupar, donde se encuentran las sedes de las organizaciones indígenas de la Sierra Nevada, se advirtió la presencia de personas desconocidas, vestidas de civil y con armas de corto y largo alcance, que se movilizaban en dos motos de alto cilindraje. Asimismo, refirieron que resultaba preocupante para el Pueblo Indígena Kankuamo la presencia de personas desconocidas en la Comunidad de Río Seco y el pueblo de Makugueka. Los representantes indicaron que “en horas de la noche” se movilizan en motos y vestidos con prendas de color negro, ya que este ha sido el modus operandi de miembros de grupos ilegales armados como las “Autodefensas”, a quienes se les imputa el asesinato de “alrededor de 150 indígenas [k]ankuamos”.