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Pueblo Indígena Kankuamo no subsiste en la misma proporción. Además, aunque el
Tribunal constata que todavía existe una situación de desplazamiento de varios miembros
del Pueblo Indígena Kankuamo, dicha situación no podría remediarse en su totalidad a
través del mecanismo de medidas provisionales, como lo pretenden la Comisión y los
representantes. Al respecto, la Corte observa que el Estado ha hecho importantes
esfuerzos para atender esa problemática, y que ha adoptado diversas medidas materiales
y de otra índole para ello.
D.
Dar participación a los beneficiarios en la planificación e implementación
de las medidas de protección y que, en general, el Estado los mantenga
informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte (punto
resolutivo cuarto de la Resolución de 3 de abril de 2009).
24.
El Estado informó que convocó a las diferentes entidades que hacen parte de la
mesa de trabajo de las medidas provisionales a una reunión de seguimiento y
concertación, la cual se desarrollaría el 19 de mayo de 2009. No obstante, indicó que el
Cabildo Gobernador manifestó la preocupación que le asistía al Pueblo Indígena
Kankuamo debido a la ausencia del Alcalde de Valledupar y del Gobernador del Cesar por
lo que, en consecuencia, solicitó que de no contar con la presencia de funcionarios con
poder de decisión, se procediera a fijar nueva fecha para la reunión. El Estado reiteró su
voluntad para realizar el seguimiento al cumplimiento de las medidas provisionales y le
solicitó al Cabildo que valorara la asistencia de los diferentes delegados de las entidades.
No obstante, el Estado afirmó que el Cabildo se mantuvo en su posición. Asimismo,
señaló que desde el mes de junio de 2010 se ha establecido comunicación con los
representantes de los beneficiarios con el fin de concertar la fecha para adelantar una
reunión de seguimiento y concertación de las medidas provisionales. Sin embargo,
debido a compromisos previamente establecidos por los beneficiarios, sus representantes
y los funcionarios de las distintas entidades del Estado, la misma no se pudo fijar de
común acuerdo. El Estado también mencionó que había estado gestionando nuevamente
la reunión para llevarse a cabo el 21 de diciembre de 2010. Sin embargo, “por motivos
que se sal[ía]n del control Estatal”, esta reunión no pudo llevarse a cabo. El Estado
señaló que estaba haciendo las gestiones pertinentes para que la reunión se celebrara en
febrero de 2011. Durante la audiencia pública, informó sobre una reunión de seguimiento
de las presentes medidas provisionales realizada el 10 de junio de 2011 en la cual “se
presentaron una serie de denuncias por parte de la comunidad”. Al respecto, precisó que
lo que la comunidad había manifestado era que “ocasionalmente, habían evidenciado
presencia de presuntos miembros de bandas criminales en su territorio”, pero que lo que
se pudo constatar fue que las denuncias que se habían presentado al ejército fueron
oportunamente atendidas. En dicha reunión el Estado adquirió diversos compromisos
frente a los beneficiarios. Asimismo, indicó que el 22 de junio de 2011 en las
instalaciones de la casa indígena de Valledupar se llevó a cabo una reunión de la Policía
Nacional con el Cabildo Gobernador de la Comunidad Indígena Kankuama, “con el fin de
monitorear y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la reunión” de 10 de
junio de 2011. Posteriormente, el Estado señaló que el 12 de julio de 2011 tendrían otra
reunión con los beneficiarios. Al respecto, se propuso dicha fecha al Cabildo Gobernador
de la Organización Indígena Kankuama. Sin embargo, dicha persona planteó como fecha
para tal reunión el 14 de julio de 2011, aunque posteriormente la pospuso “hasta nueva
fecha”. El 18 de julio de 2011 el Cabildo Gobernador enviaría una nueva propuesta.
25.
Los representantes indicaron que a la reunión convocada para el día 19 de mayo
de 2009 asistieron todas las autoridades del Pueblo Indígena Kankuamo y los
representantes. Sin embargo, resaltaron que no asistieron autoridades con poder
decisorio, como el Alcalde del municipio de Valledupar, el Gobernador del departamento
del Cesar y el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la