-13- que por medio de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, algunos desmovilizados se han referido en sus versiones libres a la Masacre de Mapiripán, información que es de utilidad para abordar otras líneas de investigación dentro del proceso que se surte en la Unidad de Derechos Humanos y posteriormente, cuando se surta todo el proceso, establecer la forma como ocurrieron los hechos y otros presuntos responsables. Por último, en relación con la muerte de paramilitares desmovilizados, el Estado señaló que existen planes y programas de protección suficientes, pero que ninguno de los paramilitares vinculados a esta investigación ha expresado temor por su seguridad, ni ha pedido protección. 28. Que los representantes confirmaron la realización de reuniones en el marco del M.O.S., pero resaltaron los retrasos de la Fiscalía en informar sobre el plan de trabajo y el estado de las investigaciones. Afirmaron que la mayoría de las actuaciones habían sido impulsadas por la parte civil y expresaron su preocupación por los cambios de fiscales, aunque reconocieron la labor desplegada por la Fiscalía General. Igualmente, critican que, después de diez años de iniciada la investigación, no se hayan realizado actuaciones concretas dirigidas a la identificación y vinculación de todos los responsables, particularmente de los altos mandos militares señalados en la Sentencia de la Corte, a pesar de que paramilitares habrían manifestado en las audiencias de Justicia y Paz a varios oficiales del Ejército Nacional como copartícipes. El Estado ha incumplido con la exigencia de que la investigación se realice en un plazo razonable y que se publiquen los resultados de la investigación. Durante la audiencia, reconocieron los avances por la actuación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en la medida que se habrían vinculado paramilitares en este proceso (simultáneamente con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz) vinculando específicamente al señor Salvatore Mancuso. Se refirieron en particular a cuatro puntos críticos respecto a las investigaciones17 y consideraron que no hubo avance en cuanto a la vinculación de nuevos miembros de la Policía, del Ejército o de la Armada que estaban identificados en los sitios involucrados en la masacre (en los aeropuertos del Urabá y de San José de Guaviare y en el Barrancón) y en los retenes que formalmente existían. En cuanto a la vinculación de dos paramilitares, autores materiales de la masacre, que reconocieron los hechos y solicitaron “sentencia anticipada”, solicitaron al Estado que se busque la manera de agilizar este proceso e hicieron notar que está pendiente de resolución la situación jurídica de otros paramilitares vinculados, así como de quienes fueron declarados reos ausentes en éste proceso y del cumplimiento a las órdenes de captura. A su vez, expresaron su preocupación en relación con la desmovilización de paramilitares, por cuanto muchos expresaron su preocupación por ausencia de garantías en el proceso y solicitaron que se les proteja sus vidas y las de sus familiares cercanos para que pudieran confesar libremente. Señalaron que había entre 1600 y 1800 paramilitares desmovilizados que habrían sido asesinados, hechos que no han sido investigados. 29. Que la Comisión, por su parte, ha manifestado su preocupación por la demora en las investigaciones por el reemplazo del fiscal de conocimiento del caso; la falta de designación de un fiscal especial para el caso; los retrasos en el cumplimiento del compromiso adquirido en el marco del M.O.S por la Fiscalía General de elaborar un 17 Señalaron que luego de dictada la Sentencia por la Corte Interamericana, se emitió un fallo el 28 de noviembre de 2007 del Juez Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en que solo se condenó al único que informó de los hechos. Esa decisión fue apelada por la parte civil, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, la que se encuentra pendiente de decisión. Asimismo se presentó una denuncia por prevaricato contra el titular de ese juzgado. Además, se refirieron a la confirmación por el tribunal del fallo contra el entonces comandante de la Brigada Móvil II y otros dos ex militares, contra el que se interpuso recurso de casación, que se encuentra pendiente de decisión en la sala penal; así como a otros dos procesos contra militares.