marco del recurso de casación y de queja interpuestos, la defensa señaló que, al haber sido el juicio a puertas
cerradas y con un despliegue policial con cuerpos de elite, era imposible cualquier fuga.
13.
Asimismo, manifiesta la existencia de violaciones al derecho contenido en el artículo 8.2 (h)
de la Convención Americana toda vez que en la sustanciación del recurso de casación interpuesto el 19 de
noviembre de 1999 no fue estudiado el fondo del asunto por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, dejando
en estado de indefensión al inculpado. Por último, alega la violación al derecho contenido en el artículo 8.2 (e)
de la Convención Americana pues afirma que el defensor oficial que le fue asignado ante la Cámara Nacional de
Casación Penal, no realizó las gestiones necesarias y eficaces para continuar con la intención del inculpado de
recurrir la decisión de la Sala II que confirmaba la sentencia en su contra.
14.
Con base en lo anterior, la peticionaria alega que el Estado violó, en perjuicio de la presunta
víctima, los derechos consagrados en los artículos 8.1, 8.2 incisos (c), (d), (e), (f), (g) y (h), así como el 11.1,
todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
B.

Posición del Estado

15.
De acuerdo al Estado, la petición debe ser desestimada toda vez que la misma fue trasladada
al Estado siete años después de que fuese presentada ante la Comisión.
16.
El Estado alega que la decisión relativa a mantener esposado al señor Álvarez se tomó en base
a lo informado por el cuerpo de seguridad especializado en custodia de personas sometidas a proceso, quien
consideró que la medida era necesaria dados los reiterados antecedentes de intentos de evasión del imputado,
así como que los mismos se dieron en concurso con el delito de lesiones. Alega que esa decisión se tomó en un
proceso completamente independiente y no puede entenderse de ello que se tratara de una situación de
prejuzgamiento sobre la presunción de inocencia. Refiere que además las quejas sobre la medida tomada
durante la audiencia fue controvertida mediante un recurso por parte de la defensa de la presunta víctima,
mismo que fue objeto de una decisión jurisdiccional.
17.
Alega que la designación de una defensora oficial por parte del Tribunal Oral de Menores
Número 1 buscaba garantizar el derecho de defensa y las garantías judiciales a favor del señor Álvarez. Afirma
que tal nombramiento únicamente surgió una vez que la presunta víctima revocó el poder otorgado a sus
abogados de confianza en una fecha muy próxima a la establecida para el inicio de la audiencia, y con ello el
Estado garantizó que el imputado contará con una defensa idónea durante el proceso.
18.
Expone que la designación de una defensora oficial fue una medida subsidiaria y de
emergencia que buscó asegurar el desarrollo de la audiencia con normalidad y respeto de las garantías
procesales. Refiere que el señor Álvarez hizo uso del derecho a revocar a sus representantes legales en más de
una ocasión, antes y después de la audiencia de debate, por lo que el Estado no incurrió en violaciones a este
derecho.
19.
Sostiene que la defensora oficial, de la cual se alega no contó con el tiempo suficiente para
preparar la defensa de la presunta víctima, ya había tenido contacto previo con la causa penal en la que se
investigaron los hechos criminales, por lo que no le resultaba por completo ajena la situación del señor Álvarez.
Señala que la circunstancia alegada por la peticionaria no se encuentra contemplada como una causal de
suspensión de la audiencia de debate en el Código Procesal Penal de la Nación.
20.
El Estado alega que debe considerarse la complejidad de la audiencia de debate como acto
procesal, que concentraba a múltiples sujetos, “tales como imputados, testigos, fiscales, peritos, etc.” y que se
fijó debía de realizarse en 11 días, “con las implicancias dilatorias que una modificación de esas fechas podría
haber ocasionado”. Afirma, en relación a lo alegado por la peticionaria sobre la imposibilidad de ejercer con
efectividad los recursos judiciales necesarios, que “todas las vías intentadas por los representantes de Álvarez
fueron debidamente sustanciadas”, por lo que de admitirse la petición se estaría abriendo una “nueva instancia
de revisión sobre cuestiones que están excluidas de la competencia de la Comisión”.

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