8 y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas5. 21. Que tratándose de un asunto sobre medidas provisionales, corresponde a la Corte considerar única y estrictamente aquellos argumentos que se relacionan directamente con la extrema gravedad, urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables a personas. Cualquier otro hecho o argumento sólo puede ser analizado y resuelto por la Corte durante la consideración del fondo de un caso contencioso6. 22. Que entre marzo de 2001 y febrero de 2004 la Corte fue informada de hechos tales como alegadas amenazas de muerte, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias en contra del beneficiario y miembros de su familia. A partir de ello, el Tribunal valoró prima facie la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable para la vida e integridad personal del beneficiario. 23. Que los representantes aluden a un contexto actual de presuntos actos intimidatorios contra la labor de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Al respecto, el Tribunal estima que dicho supuesto contexto no es suficiente para sustentar el mantenimiento de las medidas provisionales si no existen hechos concretos que permitan conclusiones consistentes sobre los aludidos efectos de dicho contexto en el asunto concreto. 24. Que en relación con la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia respecto al caso Apitz Barbera y otros, la Corte considera que no ha sido presentada evidencia de los efectos concretos de dicho precedente del Tribunal Supremo de Justicia en relación con el cumplimiento de las presentes medidas provisionales. 25. Que la Corte estima que el hecho denunciado en mayo de 2005 (supra párr. 14) guarda relación con la situación de extrema gravedad alegada en años anteriores, teniendo en cuenta la información que se brinda sobre los agentes policiales que habrían participado en la detención (miembros del llamado grupo “Lince”) y el tipo de hostigamiento que habría recibido el beneficiario. Sin embargo, los hechos denunciados correspondientes a mayo de 2007 y enero de 2008 (supra párr. 14) requieren de mayor precisión y argumentación sobre prueba para que el Tribunal pueda tomar una decisión sobre la continuidad de las presentes medidas provisionales. En particular, la Corte hace notar que la información presentada hasta el momento no le permite relacionar los alegados hechos de agresión ocurridos en enero de 2008 con la situación de extrema gravedad constatada anteriormente por el Tribunal. 26. Que, teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal considera pertinente solicitar a las partes que, en el plazo de dos meses contado a partir de la notificación de esta resolución, presenten los argumentos, pruebas y circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan afirmar o desvirtuar la existencia de extrema gravedad y urgencia para la 5 Cfr. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, supra nota 4, considerando octavo; Asunto Diarios "El Nacional" y "Así es la Noticia", supra nota 4, considerando vigésimo cuarto. 6 Cfr. Asunto James y Otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte de 29 de agosto de 1998, considerando sexto; Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, supra nota 4, considerando décimo, y Asunto Diarios "El Nacional" y "Así es la Noticia", supra nota 4, considerando vigésimo quinto.