- 46 efecto devolutivo el recurso de apelación”215. El 11 de junio de 2012 el Juez determinó que el querellante Piriz no había respondido al traslado realizado por lo que dio “por decaído el derecho que ha dejado de usar” y ordenó elevar los autos a alzada216. El 1 de agosto de 2012 las presuntas víctimas reiteraron su solicitud de que se resolviera dicho recurso217. La Cámara de Apelaciones consideró que “no obstante el criterio amplio y flexible que debe prevalecer para el análisis de los requisitos que debe satisfacer la carga técnica de expresar agravios, no reuniendo el memorial [de las presuntas víctimas] los recaudos mínimos para tratarlos (art. 260 CPCC); correspond[ía] declarar la deserción del recurso”218. Las presuntas víctimas presentaron un recurso de revocatoria contra dicha decisión, el cual fue declarado improcedente219. La Corte no ha recibido información más actualizada sobre la vigencia de las medidas cautelares. VIII LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 113. En el presente capítulo, la Corte sintetizará los argumentos de la Comisión Interamericana y los alegatos de las partes, para luego pronunciarse sobre la alegada violación a la libertad de expresión, y la alegada violación al principio de legalidad y de retroactividad, en perjuicio de Carlos y Pablo Mémoli. A. La alegada violación a la libertad de expresión A.1) Argumentos de la Comisión y de las partes 114. La Comisión indicó que “toda medida restrictiva de la libertad de expresión debe cumplir tres requisitos establecidos en el artículo 13.2 [de la Convención Americana]”. Señaló que las partes concuerdan que la condena penal a las presuntas víctimas significó una restricción a la libertad de expresión. La Comisión señaló que la Corte “ya ha concluido [en el caso Kimel] que la tipificación del delito de injurias existente al momento de la condena penal de Carlos y Pablo Mémoli era incompatible con la Convención”, por lo cual “[e]n estricta aplicación de esta jurisprudencia”, concluyó que la sanción penal impuesta violó la libertad de expresión. La Comisión señaló que al no superar el requisito de legalidad, “result[a] innecesario continuar [la aplicación d]el juicio o test tripartito”, respecto a la alegada restricción impuesta. La Comisión alegó que las expresiones de los señores Mémoli trataban asuntos de interés público porque fueron “hechas sobre la base de hechos ciertos que constituían efectivamente un manejo irregular de bienes públicos”, siendo que el hecho de que fueran particulares quienes 215 Escrito de 30 de diciembre de 2011 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Anexo 2, folios 1706 y 1707), y resolución de 30 de diciembre de 2011 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Anexo 2, folio 1708). 216 Cfr. Resolución de 11 de junio de 2012 (expediente de fondo, Anexo G, folio 444). 217 Cfr. Escrito de 1 de agosto de 2012 (expediente de fondo, Anexo G, folio 468). 218 Resolución de 7 de agosto de 2012 (expediente de fondo, Anexo G, folio 481). Al respecto, el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial establece que: “[e]l escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se dará traslado por 10 o 5 días al apelado según se trate de juicio ordinario o sumario”. Decreto-Ley 7425/69, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, art. 260 (expediente de anexos al escrito de alegatos finales del Estado, disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-7425.html). 219 Cfr. Escrito de 9 de agosto de 2012 (expediente de fondo, Anexo G, folio 484), y resolución de 16 de agosto de 2012 (expediente de fondo, Anexo G, folio 486).