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decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte1 ante la falta de
respuesta del Estado.
2.
La Comisión indicó que al momento de los hechos el señor Chaparro, de
nacionalidad chilena, era dueño de la fábrica “Aislantes Plumavit Compañía Limitada”
(en adelante “la fábrica” o “la fábrica Plumavit”), dedicada a la elaboración de
hieleras para el transporte y exportación de distintos productos, mientras que el
señor Lapo, de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. Según la
demanda, con motivo de la “Operación Antinarcótica Rivera”, oficiales de policía
antinarcóticos incautaron el 14 de noviembre de 1997, en el Aeropuerto Simón
Bolívar de la ciudad de Guayaquil, un cargamento de pescado de la compañía
“Mariscos Oreana Maror” que iba a ser embarcado con destino a la ciudad de Miami,
Estados Unidos de América. En dicho cargamento, afirmó la Comisión, fueron
encontradas unas cajas térmicas o hieleras en las que se detectó la presencia de
clorhidrato de cocaína y heroína. Según la demanda, el señor Chaparro fue
considerado sospechoso de pertenecer a una “organización internacional
delincuencial” dedicada al tráfico internacional de narcóticos, puesto que su fábrica
se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que se incautaron, motivo por
el cual la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas dispuso el allanamiento de
la fábrica Plumavit y la detención con fines investigativos del señor Chaparro. Según
la Comisión, al momento de la detención del señor Chaparro las autoridades
estatales no le informaron de los motivos y razones de la misma, ni tampoco de su
derecho a solicitar asistencia consular del país de su nacionalidad. La Comisión
informó que el señor Lapo fue detenido, junto con otros empleados de la fábrica
Plumavit, durante el allanamiento a dicha fábrica. La detención del señor Lapo
supuestamente no fue en flagrancia ni estuvo precedida de orden escrita de juez,
tampoco le habrían informado de los motivos y razones de su detención. Las dos
presuntas víctimas supuestamente fueron trasladadas a dependencias policiales y
permanecieron incomunicadas cinco días. El señor Chaparro no habría contado con
patrocinio letrado al momento de rendir su declaración preprocesal y la defensa
pública del señor Lapo supuestamente no fue adecuada. Según la Comisión, la
detención de las presuntas víctimas sobrepasó el máximo legal permitido por el
derecho interno y no fueron llevadas sin demora ante un juez.
3.
La Comisión agregó que, a pesar de que se realizaron distintos peritajes que
concluyeron que las hieleras incautadas no se habían podido elaborar en la fábrica
Plumavit y de que no existió prueba alguna que incriminara a los señores Chaparro y
Lapo en el delito de tráfico ilícito de drogas, las presuntas víctimas fueron
mantenidas en régimen de prisión provisional durante más de un año. Según la
demanda, los señores Chaparro y Lapo interpusieron los recursos a su alcance con el
objeto de que se revisaran los fundamentos de la medida privativa de libertad, pero
no fueron efectivos. La Comisión afirmó que la fábrica Plumavit fue aprehendida el
15 de noviembre de 1997, tras su allanamiento, y aunque no se encontró droga, fue
restituida a su dueño casi 5 años después de haber sido incautada. El vehículo del
señor Lapo hasta la fecha no ha sido devuelto. Igualmente, todavía existirían
registros públicos y en instituciones privadas con antecedentes penales de las
presuntas víctimas en relación con los hechos del presente caso.
4.
La Comisión solicitó a la Corte que estableciera la responsabilidad
internacional del Estado por la violación en perjuicio de las dos presuntas víctimas de
1
La Comisión designó como delegados a los señores Evelio Fernández Arévalos, Comisionado, y
Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados Ariel E. Dulitzky, Mario
López Garelli, Víctor H. Madrigal Borloz y a la abogada Lilly Ching Soto.

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