3 los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado. Finalmente, la Comisión solicitó que se declarara que el Estado incumplió el deber contenido en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención en perjuicio del señor Lapo. 5. El 9 de octubre de 2006 los señores Xavier Flores Aguirre y Pablo Cevallos Palomeque, representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento del Tribunal (en adelante “el Reglamento”). Señalaron que se “adh[erían] en todos sus extremos a los [f]undamentos de [d]erecho que la Comisión […] presentó en su [d]emanda”. 6. El 5 de diciembre de 2006 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”)2, mediante el cual interpuso dos excepciones preliminares y contradijo las aseveraciones de la Comisión Interamericana. 7. El 12 de enero de 2007 la Comisión y los representantes remitieron sus respectivos escritos de alegatos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 8. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado3 el 17 de agosto de 2006, y a los representantes el 10 de agosto del mismo año. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 5 y 6), el Presidente de la Corte4 (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), los peritajes ofrecidos oportunamente por la Comisión, respecto de los cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, el Presidente solicitó al Estado la remisión de determinada prueba para mejor resolver5. Finalmente, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia 2 El 25 de septiembre de 2006 el Estado designó al señor Juan Leoro Almeida, Embajador del Ecuador en Costa Rica, como Agente, y a los señores Erick Roberts y Salim Zaidán como Agentes alternos. El 20 de octubre de 2006 la Secretaría de la Corte informó al Estado que no está previsto en el Reglamento de la Corte que un Estado designe varios Agentes alternos, por lo que se le solicitó que “especifique quién ser[ía] la persona designada como Agente alterno”. El 13 de diciembre de 2006 el Estado designó al señor Erick Roberts como Agente y al señor Salim Zaidán como Agente alterno. 3 Cuando se notificó la demanda al Estado, se le informó su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. El 25 de septiembre de 2006 el Estado designó al señor Diego Rodríguez Pinzón como juez ad hoc. No obstante, el 6 de diciembre de 2006 se informó al Estado que el Tribunal había decidido rechazar dicha designación, toda vez que fue presentada fuera del plazo contemplado en el artículo 10.4 del Estatuto de la Corte. 4 5 Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 15 de marzo de 2007. La prueba solicitada consistía en: a) copias íntegras y legibles de todos los expedientes judiciales del presente caso llevados a nivel interno, y b) copia de los anexos a la contestación a la demanda que se encontraban incompletos o ilegibles.

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