-2por la violación del derecho a la protección judicial por la imposibilidad de las víctimas
de acceder a un recurso judicial efectivo contra la decisión del Congreso Nacional por
la cual fueron cesados y proteger los derechos que les estaban siendo vulnerados 5. La
Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y,
adicionalmente, ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra
Considerando 1).
2.
La Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia emitida el 21 de
agosto de 2014 (infra Considerando 14)6.
3.
Los once informes presentados por el Estado entre mayo de 2014 y octubre de
20167, en respuesta a solicitudes efectuadas por la Corte o su Presidente mediante
notas de la Secretaría de la Corte.
4.
Los siete escritos de observaciones presentados por los representantes de las
víctimas (en adelante “los representantes”)8 entre julio de 2014 y septiembre de
20169.
5.
Los cuatro escritos de observaciones presentados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la
Comisión”) entre marzo de 2015 y septiembre de 2016 10.
CONSIDERANDO QUE:
1.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones11, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en
el presente caso en el año 2013 (supra Visto 1). En la Sentencia el Tribunal dispuso las
siguientes medidas de reparación: a) realizar las publicaciones de la Sentencia que se
indican en el párrafo 208 de la misma; b) pagar a las 27 víctimas una indemnización
como compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones como magistrados
de la Corte Suprema de Justicia; c) pagar las cantidades fijadas por concepto de
indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y d) pagar la cantidad fijada por
reintegro de costas y gastos.

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en
perjuicio de las 27 víctimas, por haber sido cesadas en sus funciones por un órgano incompetente que no les
dio la oportunidad de ser oídos; ii) la violación del artículo 8.1 en relación con el artículo 23.1.c y el artículo
1.1 de la Convención, por la afectación arbitraria a la permanencia en el ejercicio de la función judicial y la
consecuente afectación a la independencia judicial, en perjuicio de las 27 víctimas del presente caso, y iii) la
violación del artículo 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención, por la imposibilidad de acceder a
un recurso judicial efectivo.
5
En el párrafo 194 de la Sentencia la Corte consideró que “bajo los supuestos específicos del presente
caso esta[ba] demostrado que los magistrados se encontraban impedidos para hacer uso del recurso de
amparo y que el recurso de inconstitucionalidad no resultaba idóneo y efectivo para proteger los derechos
vulnerados a los magistrados de la Corte Suprema”.
6
Cfr. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de agosto
de
2014.
El
texto
íntegro
se
encuentra
disponible
en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/quintana_21_08_14.pdf.
7
Escritos de 20 de mayo y 23 de octubre de 2014, de 19 de mayo, 15 y 21 de octubre de 2015, y de 22
de enero, 11 de marzo, 8, 10 y 19 de agosto y 19 de octubre de 2016.
8
Los señores Ramiro Ávila Santamaría y David Cordero Heredia.
9
Escritos de 10 de julio de 2014, 26 de marzo y 11 de julio de 2015 y de 3 de febrero, 9 de mayo, 16 de
junio y 9 de septiembre de 2016.
10
Escritos de 26 de marzo, 7 de agosto y 8 de diciembre de 2015, y de 26 de septiembre de 2016.
11
Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la
Convención Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento.

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