Los hechos del caso dan cuenta de la violencia física y verbal, la acusación infundada como guerrillero, el allanamiento ilegal de la residencia y la posterior ejecución extrajudicial del líder indígena Germán Escué Zapata, miembro del resguardo indígena de Jambaló, comunidad Paez del Norte del Cauca, cometida por miembros del Ejército Nacional el 1 de febrero de 1988. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad parcial por los hechos, y admitió que miembros de la fuerza pública privaron de libertad de forma ilegal a Escué, quién fue maltratado y posteriormente ejecutado extrajudicialmente. El Estado también reconoció que no hubo una investigación eficaz.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre allanamiento ilegal del lugar de residencia considerándolo una injerencia arbitraria y abusiva del domicilio y una violación a la vida privada y familiar de las personas que lo sufren.