Los hechos del caso se relacionan con el procedimiento de destitución aplicado a 3 magistrados -con designaciones provisorias- de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

La Corte IDH analizó el procedimiento de remoción a la luz de las garantías judiciales y desarrolló estándares sobre independencia judicial y el deber estatal de motivación de sus resoluciones. Asimismo, estableció criterios respecto del derecho a acceder a un cargo público, de acuerdo con garantías de igualdad y procedimientos razonables y objetivos que permitan la estabilidad en el mismo.