INFORME N° 25/03 PETICIÓN 289/2002 ADMISIBILIDAD SANTO DOMINGO COLOMBIA 6 de marzo de 2003 I. RESUMEN 1. El 18 de abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por la Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, el Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, y el Center for International Human Rights of Northwestern University School of Law (en adelante “los peticionarios”) en la cual se alega que el 13 de diciembre de 1998, 17 civiles perecieron y 25 más resultaron heridos (entre ellos 15 niños y niñas) como resultado del accionar de la Fuerza Aérea Colombiana (en adelante “FAC”) en el caserío de Santo Domingo, Departamento de Arauca, República de Colombia (en adelante, “el Estado” o “el Estado colombiano”). 2. Los peticionarios sostuvieron que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal, y la protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) en perjuicio de las víctimas y sus familiares, así como de las obligaciones genéricas previstas en los artículos 1(1) y 2 de ese Tratado. Posteriormente, los peticionarios alegaron que el Estado era también responsable por la violación del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana. 3. En cuanto a la admisibilidad del asunto, los peticionarios alegaron que el requisito del previo agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46(1) de la Convención Americana no resulta exigible debido a que la investigación de los hechos materia del reclamo se adelanta ante la jurisdicción militar, y ésta no constituye un fuero imparcial e independiente, y por lo tanto no es un recurso adecuado para remediar las violaciones denunciadas. El Estado, por su parte, alegó que el reclamo es inadmisible por no haber sido agotados los recursos de la jurisdicción interna. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluyó que era competente para decidir sobre el reclamo presentado por los peticionarios, y que el caso era admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 4. Los peticionarios presentaron la versión original de la petición en idioma inglés el 18 de abril de 2002. El 24 de junio de 2002, a solicitud de la CIDH, presentaron una versión en español. El 26 de junio de 2002 la CIDH procedió a dar trámite a la petición, identificada bajo el número 289/2002 y transmitió sus partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses para presentar observaciones. 5. El 26 de agosto de 2002 el Estado solicitó una prórroga de 30 días para presentar su respuesta, la cual fue concedida por la CIDH hasta el 27 de septiembre de 2002. El 27 de septiembre de 2002 el Estado solicitó una nueva prórroga de 30 días. En respuesta, la CIDH recordó al Estado colombiano que el artículo 30(3) de su Reglamento impide la concesión de prórrogas más allá de los tres meses contados a partir del traslado de la petición inicial y que, por lo tanto, no era posible hacer lugar a la solicitud. El Estado presentó su respuesta el 13 de noviembre de 2002. 6. El 25 de febrero de 2003 las partes participaron de una audiencia convocada en el marco del 117° período de sesiones de la CIDH con el objeto de presentar argumentos sobre la admisibilidad del asunto. 1

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