10 29. Respecto los años 2002 a 2012, la Comisión señaló que 640 jueces y magistrados fueron víctimas de amenazas e intimidaciones, 24 sufrieron agresiones, 5 fueron secuestrados y 11 administradores de justicia fueron asesinados 26. El Relator, por su parte, señaló que durante 2008 siete operadores de justicia resultaron asesinados y que "los ataques a los operadores de justicia continuaban siendo un motivo de grave preocupación", sin que “se presenta[ra]n avances en la investigación y juzgamiento de estos crímenes"27. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala destacó, en 2009, que “las condiciones de violencia que afectan a [Guatemala] se han visto constantemente reflejadas hacia los operadores de justicia”28. 30. Según el perito Leandro Despouy, en su declaración ante la Corte (supra nota 6 y párr. 21), de acuerdo con información dada por el Estado, se habrían recibido 54 denuncias por delitos cometidos contra fiscales en 2010, 57 en el 2011, y 61 en 2012. El perito expresó que el Estado de Guatemala también informó a la Comisión que entre los años 2010 a 2013 había recibido un total de 124 denuncias por delitos cometidos contra defensoras y defensores públicos. 31. Además, el perito Despouy aseveró que si bien las autoridades han tomado algunas medidas muy alentadoras, como la creación de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia, en la actualidad las violaciones a los estándares internacionales de justicia en defensa de los operadores judiciales aún se mantienen . Respecto a tal tipo de violaciones, este Tribunal resalta la valoración que, en su momento, efectuara la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, en el sentido de que “la degradación de la administración de justicia” a causa de actos de intimidación “compromete la vigencia de la garantía del debido proceso” y la independencia e imparcialidad en la actuación judicial29. 32. Considerando lo anterior, la Corte advierte que distintas fuentes indican que, durante la década de 1990 y al menos hasta 2012 existió en Guatemala una situación de inseguridad respecto de operadores de justicia, quienes podían verse expuestos a diversos actos de intimidación o agresión, incluso homicidios, relacionados con su función, comprometiéndose la vigencia de la independencia judicial, sin que hubiera una respuesta efectiva del Estado para garantizar sus derechos. B) Hechos del caso sido penetradas por estas mafias” (cfr. Sitio de internet oficial de la CICIG: https://www.cicig.org/cicig/antecedentes/. Los sitios de internet señalados en la presente Sentencia fueron consultados por última vez en la fecha en que la misma fue emitida; es decir, el 5 de febrero de 2019). 26 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantía para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V /11. Doc. 44. 5 de diciembre de 2013, párr. 155. La violencia afecta también a otros operadores judiciales. Al respecto, el Estado de Guatemala también informó a la Comisión que, entre los años 2010 a 2013, había recibido 124 denuncias por delitos cometidos contra defensoras y defensores públicos. Los datos citados, así como otras fuentes referidas en el presente apartado, no hacen aclaraciones o distinciones relativas al género; es decir, sobre la proporción en que los hechos aludidos afectaron a juezas o jueces. 27 ONU. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Leandro Despouy. Guatemala. 1 de octubre de 2009. párrs. 78 y 79. En similar sentido, Human Rights First indicó preocupación por la violencia selectiva contra operadores de justicia en Guatemala, en particular los que conocen cas[o]s de alto impacto, durante el 2007 y su incremento en el 2008. (Cfr. Humans Rights First. Violencia contra jueces y fiscales en Guatemala, supra). 28 Resolución del Procurador de los Derechos Humanos de 12 de marzo de 2009 (expediente de prueba, anexo 21 al Informe de Fondo, fs. 328 a 330). 29 Comisión Nacional para el seguimiento y apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, “Una Justicia para la Paz” El proceso de implementación 1998 – 2004, supra, págs. 55 y 56.