9 reformas relativas al Poder Judicial17, así como tipificar con especial gravedad las amenazas y coacciones contra funcionarios judiciales18. Pese a ello, en una “declaración pública”, efectuada en un documento de 26 de febrero de 1997, el Director de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (en adelante “MINUGUA”) expresó, entre otras consideraciones, que entre la “violencia” que era necesario “erradicar” de Guatemala se encontraban aquellos “discursos de contenido violento contra magistrados que aplican la Constitución y honran los compromisos internacionales” 19. Además, la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia20 constató, refiriéndose a un periodo que abarca los años 1998 a 2004, que existía obstaculización de los procesos mediante amenazas a testigos, abogados y operadores del sistema de justica. Indicó que “[e]sta conducta se halla[ba] bastante generalizada y de tales comportamientos dan cuenta los frecuentes pedidos de protección de los propios jueces y magistrados”21. 27. En el mismo sentido, entre los años 2000 y 2001, según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados (en adelante, “el Relator”)22 se registraron 57 casos de amenazas contra jueces. El Relator, además, resaltó los riesgos enfrentados por jueces en asuntos referentes a violaciones de derechos humanos en Guatemala y sostuvo que el Estado no les ofrecía protección23. 28. Asimismo, en el año de 2001, la Comisión Interamericana identificó como uno de los más graves problemas para la administración de justicia en Guatemala, la "difundida situación de amenazas y ataques contra jueces para influir en los procesos judiciales” y que "la severidad de este problema es exacerbada y perpetuada por la falta de respuesta efectiva del Estado"24. El mismo año el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó “preocupación” porque “particularmente” miembros del poder judicial eran objetos de actos de intimidación e incluso asesinatos, y “lament[ó]” la falta de acciones para evitar la repetición de tales hechos25. En ese sentido, propusieron un conjunto de reformas constitucionales y legislativas tendientes a asegurar el acceso libre e igualitario a la justicia, la adopción de la carrera judicial y la defensa pública penal, como también reformas penales que priorizaran los delitos de mayor impacto social y que garantizaran los derechos humanos. 18 Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, supra, compromiso 13. 19 Documento titulado “Declaración Pública del Director de MINUGUA […] en la publicación del sexto informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas”, de 26 de febrero de 1997 (expediente de prueba, trámite ante la Comisión, fs. 483 y 484). 20 La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, forma parte de la denominada institucionalidad del Proceso de Paz al haber sido creada por medio del Acuerdo Gubernativo Número 221-97; en esa época se denominaba “Comisión de Fortalecimiento de la Justicia”. 21 Comisión Nacional para el seguimiento y apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, “Una Justicia para la Paz” El proceso de implementación 1998 – 2004, supra, págs. 55 y 56. 22 ONU. Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Sr. Param Coomaraswamy. Guatemala. 6 de enero de 2000. párr. 47. 23 ONU. Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Sr. Param Coomaraswamy, supra, párr. 48. 24 Comisión Interamericana, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V /11.111, Doc. 21 rev. 6 de abril de 2001, párr. 47. 25 Comité de Derechos Humanos. Observaciones sobre Guatemala. 27 de agosto de 2001, supra, párr. 21. En cuanto a la continuidad de la situación en años posteriores, además de lo que se indica seguidamente, cabe referir que es un hecho público y notorio que, en 2006 se estableció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (en adelante “CICIG”), que indicó, como motivo de su creación, la ineficacia de las instituciones de justicia frente a delincuencia común y organizada. En particular, entre los antecedentes a su instalación, refirió la existencia de “redes parecidas a las mafias [que] ejercen fuerte influencia en las diversas instituciones del [E]stado”, e información sobre “amenazas a los defensores de los derechos humanos así como a los oficiales investigadores del sector de justicia, encargados de los crímenes políticos cometidos durante la guerra”. Aseveró también que “[e]n particular, las instituciones de los sectores de justicia y de seguridad han 17