44 Borrero Briceño indicó, además, que sintió mucha “frustración […] al no poder cubrir las necesidades de [su] hogar”, por lo que bajó considerablemente de peso y se melló su autoestima al estar, él y su familia, agobiados al extremo106. 126. La señora Dicha Laura Arias Laureano, esposa del señor Gabino Ulises Pozo Calva, víctima en el presente caso, señaló en su affidávit (supra párr. 23) que “[su] esposo se afectó [bastante] emocionalmente”, ya que a la familia “[n]o [le] alcanzaba para cubrir los gastos de alimentación […] y educación”. Así, “sobrevivi[eron] con el apoyo de [sus] hijos que dejaron de estudiar para dedicarse a trabajar y aportar a los gastos de la casa”. La señora Arias Laureano indicó que además de la enfermedad física que padecía su esposo, éste “cayó en una depresión […] que le iba quitando las ganas de vivir”107. 127. En su declaración en la audiencia pública ante la Corte, el señor José Luis Guillermo Ruiz Boto manifestó que “casi todos los compañeros de la Asociación o de la Contraloría han [tenido que] busca[r] la forma de sobrelleva[r], sobre todo, los gastos familiares que son los más difíciles”. Afirmó así que “cono[cía] de muchos casos de [víctimas] que por ser mayor[es] de edad, ya no podían trabajar en ningún sitio, [por lo que] han sufrido mucho, inclusive […] muchos […] llegaron a fallecer”. El señor Ruiz Boto señaló haber tenido que retirar a sus hijos de colegios particulares “y ponerlos en colegios nacionales”. Asimismo, tuvo que “dedicar[se] al negocio de turismo”, prestando servicios de transporte nocturno. Finalmente, agregó que “sient[e] una frustración muy grande porque durante la permanencia en la Contraloría fu[e] considerado un funcionario de nivel superior [y, posteriormente,] debido a las circunstancias[, realizó] trabajos […] para personas no letradas”108. 128. Por su parte, también mediante declaración en la audiencia pública ante la Corte, el señor José Baltasar Vitkovic Trujillo resaltó que los efectos del recorte de su pensión íntegra fueron “inmensos” porque “[su] idea era darle a [sus] hijos la educación que […] merecían” y que las circunstancias no le permitieron hacerlo109. 129. Por último, el Tribunal hace notar que el representante presentó las declaraciones rendidas ante fedatario público por 95 integrantes de la Asociación o sus familiares, las que el Estado objetó respecto de su admisibilidad, mas no en cuanto a su contenido (supra párr. 34). Es decir, el Estado alegó que las mismas no debían ser admitidas por considerar que “no esta[ban] vinculadas al núcleo de las pretensiones del presente proceso”, mas no cuestionó la veracidad de lo señalado en éstas respecto del daño inmaterial sufrido por tales personas. Al respecto, la Corte ya declaró dicha prueba admisible al considerarla pertinente y relevante para analizar el daño inmaterial sufrido por las víctimas (supra párr. 34). 130. De dichas declaraciones se desprende que las víctimas en el presente caso sufrieron frustraciones y angustias emocionales por el deterioro repentino y drástico de su situación económica. 106 Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Julio César Borrero, supra nota 98 (folios 2563- 2564). 107 Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Dicha Laura Arias Laureano de Pozo, supra nota 98 (folio 2570). 108 Cfr. declaración de José Luis Guillermo Ruiz Boto, supra nota 99. 109 Cfr. declaración de José Baltasar Vitkovic Trujillo, supra nota 99.