15. Los peticionarios alegaron que el Estado tiene responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida de Carlos Escaleras Mejía. Informaron que antes de su homicidio, el señor Escaleras y sus familiares recibieron advertencias y amenazas a fin de que abandonara su lucha por los derechos de la población a un medio ambiente sano. Agregaron que también le habrían exigido el retiro de su candidatura a la alcaldía del municipio de Tocoa. 16. Sostuvieron que a pesar de la existencia del contexto de asesinatos de activistas ambientalistas, así como de las amenazas recibidas, el Estado no tomó ninguna medida razonable a fin de prevenir lo sucedido al señor Escaleras. Indicaron que, por el contrario, el Estado tolera una práctica sistemática de hostigamientos, amenazas y asesinatos de defensores ambientalistas. Agregaron que la falta de una investigación exhaustiva, imparcial y efectiva de la muerte de Carlos Escaleras también constituyó una violación del deber de garantizar su derecho a la vida. 17. Adicionalmente, los peticionarios alegaron que el Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial puesto que, en su consideración, el proceso iniciado por la muerte de Carlos Escaleras no ha sido eficaz, serio, oportuno ni adecuado para esclarecer la verdad sobre su homicidio, así como para sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. 18. Manifestaron que el mismo día del asesinato de Carlos Escaleras cuatro personas fueron detenidas sin ninguna evidencia en su contra. Sostuvieron que tan sólo dos años y medio después, el fiscal a cargo reconoció que estas personas no tuvieron ninguna responsabilidad en los hechos. Los peticionarios indicaron que esta demora acarreó dilaciones innecesarias y excesivas en tanto se dejó de investigar a los verdaderos autores. 19. Los peticionarios manifestaron que durante la etapa investigativa hubo un evidente desinterés por parte de la Policía y del Ministerio Público para identificar a los verdaderos responsables materiales e intelectuales del asesinato. Manifestaron que las pocas diligencias efectuadas no se realizaron de manera inmediata o correcta, lo cual afectó seriamente la prueba. Al respecto, mencionaron que hubo un serio retraso en la realización de la inspección judicial de la escena del crimen. 20. Indicaron que se dejaron de realizar numerosas diligencias que habrían contribuido a identificar y sancionar a todas las personas responsables, tal como lo ha exigido la jurisprudencia de la Corte Interamericana y Principios de las Naciones Unidas sobre la Efectiva Prevención e Investigación de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias. Identificaron que entre otras deficiencias, i) no se tomaron fotos de la posición del cuerpo del señor Escaleras cuando fue asesinado; ii) no consta en el expediente el levantamiento de la autopsia; y iii) no se encuentra acreditado el examen balístico de las ojivas encontradas en el cuerpo de la víctima. 21. Indicaron que no se sancionaron a los autores intelectuales. Añadieron que los hechos se encuentran en impunidad pues el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a todas las personas responsables. Señalaron que hubo un retardo injustificado de justicia pues tanto los dos autores materiales fueron sentenciados luego de muchos años de ocurridos los hechos y a pesar de las evidencias existentes no se ha sancionado a ningún otro autor material o intelectual. 22. Los peticionarios señalaron que durante el proceso no se tomaron las declaraciones de diversos testigos, a pesar de haber sido solicitados por la parte civil y por el propio fiscal. Señalaron que se dejaron de ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento del homicidio. Igualmente, indicaron que a pesar de haber hallado en un allanamiento una libreta de apuntes que contendría información sobre los autores del asesinato, el juzgado a cargo nunca la valoró. 23. Resaltaron que existe una demora injustificada para investigar y sancionar a todos los responsables. Sostuvieron que el proceso no es complejo en tanto se trata de un único delito y de una sola víctima. Agregaron que el número de acusados no es excesivo y si hubieran actuado con diligencia, esa 3