D. Obligación de implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas (punto resolutivo décimo segundo de la Sentencia) 30. El Estado informó que impartió diversas capacitaciones, cursos, seminarios y conferencias a los jueces del Poder Judicial de la Federación, a los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), y a jueces y miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). 31. En cuanto a la implementación de capacitaciones para funcionarios del Poder Judicial de la Federación, el Estado informó que, mediante el Acuerdo emitido el 14 de julio de 2011 dentro del expediente “Varios 912/2010” (supra Considerando 5), el Pleno de la Suprema Corte determinó una serie de acciones encaminadas a implementar cursos de capacitación relativos a los estándares del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos “en relación con los límites de la jurisdicción militar, las garantías judiciales y la protección judicial, así como los estándares internacionales aplicables a la administración de justicia y […] al debido juzgamiento del delito de desaparición forzada”. Igualmente, señaló que los días 23 y 24 de septiembre de 2011 la SCJN llevó a cabo un seminario introductorio de capacitación para aproximadamente 1,800 jueces y magistrados federales del país, enfocado, entre otros, a estudiar las sentencias de la Corte Interamericana en los asuntos de México, incluyendo la Sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco 23. Asimismo, resaltó que entre 2010 y 2012 participaron funcionarios “jurisdiccionales y jurídicos” en diferentes seminarios y programas académicos, cuyos temas incluían la desaparición forzada de personas y la jurisdicción militar, entre otros. Por otro lado, el Estado informó que el Poder Judicial de la Federación implementó “Jornadas Itinerantes [sobre] el impacto de las reformas constitucionales de amparo y de derechos humanos en la actividad jurisdiccional”, las cuales fueron impulsadas en tres fases 24 y de manera conjunta con el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según el Estado, uno de los objetivos de estas jornadas fue “comparti[r] con titulares de juzgados de distrito y tribunales de circuito diferentes maneras de aplicar el control difuso de convencionalidad a través de la revisión de un caso práctico sobre el tema de desaparición forzada y jurisdicción militar”. 23 Dicho seminario se desarrolló en las siguientes sedes: Puebla, León, Saltillo, Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez y el Distrito Federal. Según el Estado, participaron alrededor de 90 ponentes, entre los cuales figuraron Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, así como miembros de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto de Políticas Públicas de Mercosur, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación. 24 La primera fase se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2012; la segunda fase, durante el mes de mayo de 2012, y la tercera fase inició el 6 de diciembre de 2012 y culminó el 28 de febrero de 2013. Según el Estado, en dichas jornadas se habrían dictado conferencias magistrales en diferentes ciudades del país con asistencia de 820 titulares de juzgados y tribunales federales. Asimismo, se contó con “la realización de 36 mesas de debate y análisis con personal de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos como principales expositores”. En estos debates habrían participado 891 jueces. Igualmente, para dichas jornadas se diseñó material para el estudio de “precedentes sobre desaparición forzada de personas, jurisdicción militar, debido proceso y protección judicial”, el cual fue puesto a disposición de los participantes. 12